El proyecto que impulsa el Gobierno para la baja en la edad de imputabilidad a 15 años en menores que cometen delitos, es muy posible que naufrague cuando llegue al Congreso para su tratamiento, teniendo en cuenta que de antemano ya tiene el rechazo por parte de distintas bancadas de la oposición.
Es que a diferencia de otras veces en las que se insistió con la misma idea, en esta oportunidad ni siquiera se produjo algún crimen de impacto social, que genere un clima de opinión proclive a este cambio. Además, éste es un año electoral en el que todos pronostican que el Congreso funcionará de manera restringida, y que sólo pasarán proyectos que reúnan consenso con la oposición.
La iniciativa no es bien vista en la Cámara de Diputados por referentes del kirchnerismo, el massismo y el bloque Argentina Federal (peronismo), quienes la cuestionan.
Las cifras sobre la incidencia de la minoridad en el delito, muestran que de un total de 1305 jóvenes privados de su libertad, 82 eran menores de 16 (el 6,3%), y 789 (60,5%) tenían entre 16 y 17. El resto, mayores de 18, aunque cometieron sus infracciones siendo menores.
En tanto, un informe del Consejo de la Magistratura sobre la Ciudad de Buenos Aires indica que de los 221 acusados por homicidio en la capital porteña en 2017, tan solo siete fueron menores de 18, lo que representa el 3,17 %. En la Provincia de Buenos Aires los últimos datos de la Procuración General de la Suprema Corte Bonaerense, indican que en 2017, el 3,3% de los delitos que se cometieron fueron autoría de menores de edad.
Incluso, el Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, difundió este martes un informe basado en estadísticas oficiales que demuestra “la sostenida baja que se viene registrando desde el 2013 a la fecha en los homicidios cometidos por jóvenes menores de 18 años”. Las cifras muestran que, mientras que en el 2009 se iniciaron 165 Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) por homicidios dolosos consumados por menores, en el 2017 ese número bajó a 88. Sólo en 2013 hubo un pico de 176 que fue reduciéndose año a año.
Por su parte, el diputado salteño Pablo Kosiner, jefe de la bancada de Argentina Federal, consideró “difícil” tratar este año el proyecto: “Lo penal tienta a muchos a un discurso de impacto electoral”, advirtió.
Mientras, Graciela Camaño, jefa de la bancada massista, aseguró que “el Gobierno tiene la idea de ‘bolsonorizar’ la campaña”.
Y la ex ministra de Seguridad y diputada de Unidad Ciudadana, Nilda Garré, sostuvo que con el proyecto “se quiere sobredimensionar el problema de la inseguridad. Esto no es negar que existe, es grave y hay que darle solución, pero es complejo y no se resuelve con medidas efectistas ni marketineras”.