Tras anunciar a través de los medios hegemónicos que cambiará el sistema de recuento de votos, el gobierno de Mauricio Macri contrató a la firma venezolana Smartmatic International Holding para que se encargue de aportar el software que permita la transmisión digital de los datos provisorios de las urnas de los colegios al centro de cómputos en las elecciones presidenciales. La empresa tiene un complejo entramado societario con sedes en paraísos fiscales, de acuerdo a datos publicados por el The New York Times, The Washington Post y Wikileaks.
Según publicó La Nación, la adjudicación se realizó mediante el trámite 019SS05312 y costará 1,2 millón de dólares. El matutino afirma que el objetivo es que se envíe de forma digital la información directamente desde las urnas de las escuelas de votación para agilizar la difusión de los resultados.
La firma está en el ojo de la tormenta desde hace tiempo y cuenta con una denuncia pública por “manipulación” de los datos de participación en las elecciones para la Asamblea General Constituyente de Venezuela, donde se retiró en el año 2017 tras empezar a trabajar en 2004. A la Argentina llegó en 2017 cuando Macri estaba en el poder y el Estado le adquirió un sistema de control biométrico de electores utilizado en varias provincias del norte.
También cuenta con escándalos internacionales en Estados Unidos, Uganda y Filipinas, donde fueron acusados de “acceso ilegal e interferencias en los sistemas” con sospechas de haber realizado fraude electoral en las presidenciales del año 2016. En 2012 tuvo un lio importante en Bélgica cuando ofreció el sistema de voto electrónico en la región de Flandes por un contrato de 40 millones de euros pero terminó siendo multada por seis millones ya que el sistema presentaba “fallas técnicas”.
“Esperábamos este anuncio en enero cuando las defensas de la sociedad están más bajas. Usarán 15.000 netbooks del programa Educ.Ar e igual número de escaners con un software de licitación manipulada que adulterará patrones digitales de las actas de cada mesa”, denunció al respecto el ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones, y perito consultor de la Justicia Federal, Ariel Garbarz.
“Solo abriendo las urnas en escrutinio definitivo se podrá constatar el fraude si la Justicia Electoral lo autoriza meses después. VTE ( voto de transmisión electrónica) , otra exclusividad argentina que en USA y Europa fue prohibida”, explicó el experto, quien pidió defender los telegramas y las actas en papel. “Por favor tomemos conciencia que los telegramas confeccionados con las actas en papel firmadas por los ciudadanos fiscales y presidentes de mesas son la única garantīa contra el fraude. No permitamos que los eliminen”.
El escrutinio definitivo, como ya es costumbre desde la década del 90, quedará en manos de la empresa española INDRA. El Correo Argentino llamó ayer a licitación para “la prestación de un servicio de recuento provisional de resultados para el proceso electoral nacional 2019”. Incluye las PASO del 11 de agosto, las generales del 27 de octubre y “una eventual segunda vuelta presidencial”.
Desde que Carlos Menem contrató el servicio en el 1997 todos los Gobiernos han continuado adjudicando el escrutinio a la firma española.