El gobierno provincial debe definir el aumento que cobrarán las distribuidoras de luz a partir del mes que viene a los usuarios bonaerenses y que replicará la suba del 55%promedio fijada por la Nación a fines de diciembre. Desde la Defensoría del Pueblo rechazaron ese incremento y pidieron a las autoridades que no oficialicen el nuevo cuadro tarifario por entender que las empresas quieren trasladar las deudas que mantienen con la mayorista Cammesa a los usuarios.
A través de un pedido al Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia (Oceba), el defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, pidió que no se oficialicen los nuevos cuadros tarifarios que Edesur, Edelap, Eden y Edes, Edea, pretenden aplicar para los consumos registrados a partir de febrero.
A fines de diciembre, el entonces secretario de Energía, Javier Iguacel, proyectó para 2019 un incremento, entre febrero y agosto, del 55% acumulado promedio en las boletas de luz. Esa suba es la que ahora el gobierno de María Eugenia Vidal debe autorizar.
“Debido al aumento del costo mayorista en la producción, las empresas contrajeron importantes deudas con la mayorista, por lo que ahora quieren que los usuarios, vía tarifas, sean quienes se hagan cargo de este desfasaje. Exigimos que se le ponga freno a esta situación, porque los usuarios no son los que tienen que hacerse cargo del riesgo empresario mientras las compañías siguen obteniendo ganancias millonarias”, explicó Lorenzino.
La intención de las empresas es cargar el costo de esta deuda a los bonaerenses mediante un pago que deben hacer en 90 cuotas. “Es un despropósito similar a cuando las distribuidoras de gas buscaron que los usuarios les compensen el costo de la devaluación en dólares y que pudimos frenar a tiempo. En medio de una fuerte crisis económica debemos exigir que se eviten estas maniobras fraudulentas que terminan afectando a los que menos tienen”, agregó Lorenzino.