Un informe de “Proyecto Económico” alertó que por efecto del “tarifazo”, los trabajadores que ganan el salario mínimo pasaron de gastar un 6,73% de su sueldo en servicios, en 2015, a un 36,39% en 2018, lo que representa que hoy están obligados a destinar más de un tercio de su ingreso en luz, gas y transporte.
En un trabajo técnico de 15 páginas, Proyecto Económico, el equipo técnico a cargo de la diputada Fernanda Vallejos, advierte que “los trabajadores en condiciones de mayor precariedad con ingresos equivalentes al salario mínimo vital y móvil, pasaron de gastar el 6,73% de su salario en tarifas, en 2015, a un 36,39% en 2018” mientras que “en el caso de los usuarios residenciales, el gasto en tarifas en el Área Metropolitana de Buenos Aries pasó de 3,18% del salario en 2015 a un 15,23% (13% sin transporte) en 2018, superando la barrera del 10% que indica que el hogar se encuentra en situación de pobreza energética”.
La lectura política del informe corrió por cuenta de la economista y diputada de Unidad Ciudadana, Fernanda Vallejos. En este sentido, la legisladora opositora recordó que “a los argentinos les habían hecho creer que la política tarifaria del gobierno de Cristina Kirchner era mala, que los subsidios eran malos. La realidad es que ese instrumento era una política de mejora de la competitividad para las empresas ya que les permitía tener costos de producción más bajos y un salario indirecto para las familias que, destinando una menor porción de sus salarios a pagar las tarifas podían disponer de mayores ingresos para volcar al consumo y elevar su calidad de vida, mientras alimentaban el mercado interno y sostenían el círculo virtuoso que mantiene saludable a la economía”.
Según datos del propio Fondo Monetario Internacional (FMI), en 2015, la Argentina se ubicaba en el puesto número 70 entre los países que más subsidian la energía, más o menos, en la mitad de la tabla. Pero en los últimos tres años, Cambiemos revirtió de forma drástica este “círculo virtuoso” y puso en marcha una política que coloca el eje en la oferta castigando al sector productivo y a los segmentos de menores recursos.
En este sentido, Proyecto Económico recordó en su informe que “el gobierno de Cambiemos instrumentó un modelo rentista para su política de financiamiento y tarifas, que implica tarifas altas, tasas de interés altas y salarios bajos, lo que condujo a un mercado interno declinante y en crisis, junto con la merma en la competitividad internacional por el elevado costo energético”.
El aumento excesivo en las boletas de energía, gas y electricidad ha generado una ola generalizada de repudio que se expresó a través cacerolazos en distintos puntos de los principales centros urbanos del país y marchas multitudinarias de protesta (ruidazos), en las que se reclama un cambio en la política del Gobierno.
Según Proyecto Económico, “un usuario promedio pagaba de gas $150 en 2015, y pasó a pagar $1.600 en una boleta, con un incremento de 967%. Sin embargo, el mayor de los aumentos es el sufrido en materia de electricidad, que alcanzó al 3.100%, pasando de $50 una factura promedio a más de $1.600”.
En otro tramo del informe refiere también al efectivo nocivo que la política oficial tiene sobre el tejido económico y advierte que “los aumentos sobre la tarifa energética tuvieron un impacto considerable en los costos de producción”.
Proyecto Económico precisa que “en el caso del textil, un sector muy afectado por la política económica, en las ramas de hilado y tejido el costo de la energía paso de representar, en promedio, el 7% sobre el total de la estructura de costos en 2015 al 23% en 2018, en la producción de pasta de celulosa y papel, creció del 10% al 25%, y en algunos rubros como la fabricación de hilado sintético alcanza el 42% de los costos fijos”.
El trabajo cuestiona de raíz los argumentos centrales con los que el oficialismo justifica los incrementos del precio de la tarifa energética. “El primer dilema en cuanto a las tarifas es el precio en boca de pozo que el Gobierno garantiza a los productores, de alrededor de US$4 el millón de BTU (con un crecimiento pactado hasta los US$7 el millón de BTU), cuando la propia Secretaría de Energía reconoce que el costo en boca de pozo de Vaca Muerta se encuentra entre los US$2 y US$3 el millón de BTU”, señala al tiempo que sugiere que “Argentina necesita avanzar hacia un modelo armónico en materia tarifaria, transitando un camino hacia el desarrollo económico, con tasas de interés y tarifas bajas, que permita una mayor competitividad empresarial frente al mundo, facilitando su inserción exportadora; y, al mismo tiempo, salarios altos, que sustenten un mercado interno robusto”.
Por último, Vallejos concluye, por su parte, que “es tan grande la perversidad de la política de Macri que, mientras hizo campaña haciéndole pensar a los argentinos que era una barbaridad lo que el Estado gastaba en subsidios energéticos (en 2015 eran $365.000 millones en energía, en pesos de 2018, y $104.000 millones en transporte), hoy el Estado gasta $746.000 millones sólo en intereses para sostener la política de especulación financiera, fuga y endeudamiento que no beneficia a nadie, o sea, casi $300.000 millones más en intereses de lo que se pagaba en subsidios en 2015 para darle competitividad a las empresas y capacidad de consumo a las familias”.