El Gobierno empezó a apurar la reforma laboral por etapas y evalúa hacerlo a través de un decretazo: en un informe denominado “Leyes Para la Transformación Productiva”, plantea medidas ya rechazadas por los gremios cuando se intentó llevar la reforma al Congreso.
A pocos meses de las elecciones, con una economía en recesión y un posible aumento del desempleo en el primer trimestre, el Gobierno buscará evitar trasladar al Congreso la pelea por la reforma laboral, con la que no logró avanzar incluso en 2017, después del triunfo en los comicios de medio término.
El portal minutouno.com accedió a la primera parte del esquema que el ministro de Producción, Dante Sica, le preparó al presidente Mauricio Macri, y que se lo hizo llegar horas antes de emprender su gira por el continente asiático.
El texto, membreteado por el Ministerio de Trabajo, propone una condonación de deudas por incumplimiento de la normativa laboral (blanqueo), la reducción de las indemnizaciones por despido, la eliminación de las multas que castigan el empleo no registrado, y el fondo de cese.
Hay que recordar que todas esas medidas ya fueron rechazadas más de una vez por el conjunto de los sindicatos y por el arco opositor.
Sin embargo, funcionarios de Producción y de Hacienda le llevaron esta propuesta (fechada en febrero de 2019) a las centrales fabriles, que le dieron el visto bueno.
La presentación incluye la posibilidad de blanquear a trabajadores informales con condonación de deudas y de pagar menos multas por parte de los empleadores, que además podrán pagar menos indemnización.
Matías Maito, especialista del Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo, sostuvo que “el mal llamado ‘blanqueo’ laboral que propone el gobierno nacional implica una segunda privación de derechos para los trabajadores no registrados. Después de haber sido contratados de manera informal (es decir, sin vacaciones aguinaldo, obra social, etc.), el proyecto oficial busca eliminar el resarcimiento que les corresponde a los trabajadores por esa situación”.
Y agregó que “concretamente, se reduciría el monto de las multas que deben pagar los empleadores infractores, y lo que resulta más inquietante es que ese monto ya no iría al bolsillo del trabajador sino al sistema de seguridad social”.
Hay que recordar que no es la primera vez que Cambiemos intenta avanzar en cambios laborales por decreto. El mega DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) que se publicó en enero del año pasado y con el que tuvo que dar marcha atrás por el carácter “inconstitucional” de la medida que señalaron especialistas y opositores, ya avanzaba sobre varios puntos de la legislación para el sector del trabajo.
Entre algunos puntos, el DNU eliminaba la presión sobre las empresas que tenían sanciones laborales y baja los tiempos de inhibición de 120 a 30 días, además de habilitar el embargo de fondos en las cuentas sueldo de los trabajadores.