Cerca de Mauricio Macri admiten que fue una reunión tensa la que días atrás mantuvo con su ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Con los números en la mano, el presidente no pudo contener su furia, ante el desastre que reflejan todos y cada uno de los indicadores económicos, y casi a los gritos le dijo: “Querido, ¿qué tal si te ponés las pilas y hacés algo? Esto así no va más. ¿O no te das cuenta que nos seguimos cayendo en picada y estamos cada vez peor?”.
Por eso, en la Casa Rosada se viven momentos de incertidumbre y angustia, y más teniendo en cuenta que las elecciones de octubre están a la vuelta de la esquina y el panorama no es precisamente favorable al sueño reeleccionista del presidente.
En el Gobierno son conscientes de que el tiempo no les juega a favor, y de ahí que están convencidos de que habrá que reforzar la ayuda social en los próximos meses de campaña electoral por dos cuestiones centrales: por un lado, para mantener un control de la calle y la conflictividad social en un año económico que se hace cada vez más difícil y, por otra parte, porque entienden que los sectores bajos son favorables al voto de Cristina Kirchner por lo que, razonan, se debe atender desde el Estado a esos sectores de manera urgente.
Reforzar la ayuda social, reducir a la mínima expresión la intermediación de punteros o municipios en el manejo de planes, profundizar los mecanismos de control y exigir mayor capacitación, escolaridad o atención sanitaria a los beneficiarios. Bajo esta receta, Cambiemos buscará en los próximos meses encarar la campaña con el foco puesto en los más necesitados, para así intentar frenar el duro golpe del aumento de la pobreza que en los próximos días dará a conocer el Indec, donde se espera un incremento del 29,6% al 32% aproximadamente.
La decisión de Macri de anunciar en la apertura de sesiones del Congreso un aumento del 46% en la Asignación Universal por Hijo (AUH), sin lugar a dudas responde a esta estrategia.
Precisamente, lo que se busca es contener la conflictividad social, cada vez más caliente. Y ahí aparece, como siempre, la posibilidad de que se ingrese en una espiral en la que las protestas y la represión policial se conviertan en moneda corriente.
En definitiva, lo que viene de ahora en más es seguir evaluando y monitoreando todo el tiempo los riesgos de crisis social y pérdida de paz en el Gran Buenos Aires, ante la sensación de que se está sobre un volcán que puede explotar más temprano que tarde.
También, como parte de este plan, que ya algunos llaman “semestre ideal” –y que se extendería desde mayo a octubre, mes de las elecciones-, el objetivo es hacer coincidir una serie de variables económicas que buscarán generar una sensación de bienestar con efecto anestésico sobre el votante.
Según los cálculos más optimistas en los despachos oficiales, se frenaría la inflación porque los últimos aumentos de tarifas impactarán en abril; habría una recuperación del poder adquisitivo por efecto de las paritarias y las actualizaciones jubilatorias y no se generaría volatilidad cambiaria por el exceso de dólares de los desembolsos del FMI y la liquidación de una cosecha récord (esperan entre 9 y 10 mil millones de dólares, un 45% más que el año pasado).
En otras palabras, se parece demasiado a un plan de contención electoral.