Hora tras hora se acumulan pruebas contra el fiscal Carlos Stornelli en sus vínculos con el espía y falso abogado Marcelo D’Alessio, sobre todo en lo referido a la extorsión a empresarios. Sin embargo, el juez federal Claudio Bonadio eligió priorizar su relación con el fiscal “rebelde”, y de esta manera lo confirmó para que siga al frente en la denominada “causa de los cuadernos”.
La decisión del magistrado aliado al macrismo, se produjo al rechazar la recusación que había presentado el abogado del ex Secretario del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, en la que le solicitaba desplazar al cada vez más cuestionado fiscal de esa investigación.
En un duro escrito, Bonadio respondió que “el planteo del letrado, carece de motivo válido y razonado con la seriedad que requiere un acto de tal naturaleza, y parece con el propósito de entorpecer la marcha del proceso, cuestión que no es posible de tolerar ni permitir”, sostuvo.
Y agregó que por eso se imponía “su rechazo de plano”, en referencia a la presentación hecha por Alejandro Rúa, abogado defensor de Baratta.
En su presentación contra el fiscal que fue declarado en rebeldía por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, tras faltar a cuatro citaciones a indagatoria, el letrado subrayó que “hubo ya motivo bastante para sostener fundadamente en sede judicial que el fiscal Stornelli actuó conjuntamente con Marcelo D´Alessio en maniobras de espionaje ilegal que guardan directa relación con este mismo trámite y que lo alejan de los deberes de su función (“como guardián de la legalidad y del debido proceso” y “determinada esencialmente por la búsqueda de la verdad de conformidad con los procedimientos legalmente establecidos”)”.
Y agregó que “se advierte que su actuación en el marco del presente proceso se ha apartado de su cometido legal”, mientras apuntó contra Stornelli, al considerar que tiene “falta de objetividad”.
Sin embargo, en su resolución Bonadio consideró que la defensa de Baratta “en su escrito hace un trabajo de copiar/pegar extractos de partes de hechos que resultan materia de análisis en otro expediente, y sin guardar lógica alguna sostiene que debe ser apartado el representante del Ministerio Público Fiscal”.
A la vez que agregó que la presentación fue “carente de basamento fáctico, tal como se indicó, ni siquiera pudo encuadrar su pedido en alguno de los supuestos establecidos por la norma se desprende claramente que los hechos alegados resultan ser manifiestamente inciertos”.