La causa contra la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, avanza: ayer, el fiscal federal Ramiro González ordenó las primeras medidas de prueba para saber si cometió los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público cuando admitió que su repartición no querellaba en causas por corrupción del gobierno de Mauricio Macri.
El caso se inició por una denuncia de la diputada nacional por el Frente para la Victoria Gabriela Cerruti a partir de las declaraciones que hizo Alonso en el programa de Luis Majul. Allí había explicado por qué la OA no presentaba querellas en causas iniciadas contra funcionarios del gobierno actual “dado que he sufrido acusaciones personales durante mucho tiempo respecto de parcialidad o falta de imparcialidad, y por la falta de recursos humanos que también tenemos en este momento, no estamos querellando en ninguna de esas causas”.
“Para que me acusen de encubridora en las causas y de ir a embarrar causas de la corrupción, que las lleven adelante los fiscales, que son los fiscales y los jueces naturales de las causas de este gobierno”, argumentó.
Cerrutti planteó en su denuncia que la decisión de Alonso “no es una casualidad sino de una decisión política; decisión política que, al leerla en sentido contrario, podría querer decir que sólo se impulsan las causas contra funcionarios /as de otras gestiones”.
Después de explicar que quien encabeza la OA es designado por decreto por quien preside la Nación, Cerruti señaló que “de este modo, la posibilidad de su titular de controlar efectivamente a los funcionarios de la gestión de gobierno de la cual depende su nombramiento y su remoción se ve comprometida por motivos de índole política. Sin embargo, el marco legal vigente le exige respetar ciertos parámetros, de modo de poder controlar la corrupción del sector público nacional, principios que son dejados de lado por la licenciada Laura Alonso en pos de privilegiar su vínculo político con el gobierno de turno”.
La denuncia presentada por Cerruti fue atribuida por sorteo al juez federal Daniel Rafecas quien le delegó la investigación al fiscal González. La diputada ratificó la denuncia y aportó una nota publicada por el sitio de fact-checking Chequeado.com con un relevamiento de las causas en las que la OA se había presentado como querellante. La conclusión es que la OA no querelló a ningún funcionario de la administración actual.