Una nueva resolución del Ministerio de Economía bonaerense, publicada en el Boletín Oficial, estableció que aquellos municipios que mantengan deudas con organismos del sector público no financiero y financiero de la Provincia no podrán acceder a nuevos préstamos hasta tanto no regularicen su situación.
La resolución se enmarca dentro del conocido “Pacto Fiscal” que firmó la Provincia con 95 municipios, que incluyen casi la totalidad de los distritos gobernados por Cambiemos y a una veintena de comunas controladas por el peronismo, el Frente Renovador o espacios vecinalistas.
El requisito alcanza al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS), a la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), y a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo Sociedad Anónima (Provincia ART), con quienes los intendentes deberán saldar sus deudas para solicitar un préstamo a través del Programa Provincial de Desarrollo (PPD).
“Ambas partes podrán acordar una instancia de revisión para determinar entre ellas un saldo de deuda y, en su caso, el modo de pago, todo lo cual deberá ser comunicado al Ministerio de Economía por el respectivo organismo, junto con la documentación que así lo acredite. Las deudas que se encuentren en dicho proceso de revisión, no se considerarán como deudas exigibles”, aclaró el Ministerio.
El Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal o “Pacto Fiscal” fue aprobado por ley en 2017 y establece que los municipios necesitan adherir a él para acceder a operaciones de endeudamiento como de asistencia financiera. A cambio de ayuda financiera, los municipios debían comprometerse a limitar la planta de trabajadores municipales, y también limitar las deudas respecto de los gastos corrientes, entre otras cosas. Esta norma generó mucha polémica entre los intendentes de la oposición que la criticaron por entender que afectaba la autonomía municipal.