Ramos Padilla pasa al ataque, y denuncia que Macri quiere sacarlo de la causa “D’Alessiogate”: pide que declare

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, asegura que el procedimiento que se tramita en el Consejo de la Magistratura para apartarlo de la causa que investiga una red de espionaje ilegal, en el llamado “D’Alessiogate”, fue impulsado por el mismísimo Mauricio Macri, y “no surge acusación concreta”.

En concreto, plantea que el presidente y los miembros del Ejecutivo que impulsaron la denuncia deben explicarla, y en especial fundamentar qué interés tienen respecto de los hechos investigados en Dolores para presentarse. Macri había dicho que Ramos Padilla “ya hizo varias”.

Al respecto, sostiene que “tendría que decir de qué habla, plantea el pedido de testimonios, y si esta cuestión fue tema en reuniones de Gabinete y si las filtraciones de escuchas provienen de áreas de Gobierno”.

“El trámite de un proceso de remoción, que debería ser un procedimiento ejemplar, transparente e inobjetable, se ha transformado en una disputa política encabezada por el presidente Mauricio Macri, la Agencia Federal de Inteligencia, el ministro de Justicia, Germán Garavano, el representante del Poder Ejecutivo (en el Consejo), Juan Mahiques, sus aliados políticos y judiciales, contra mi defendido”, dice uno de los escritos presentados por la defensa del magistrado, que ejerce su padre, el juez Juan Ramos Padilla

Además, apuntaron contra la filtración de escuchas ilegales a presos K y exigieron la declaración de funcionarios políticos y judiciales para aclarar el origen de las mismas y su interés en la pesquisa que tramita en aquel Tribunal.

En su presentación, se plantea abiertamente que el objetivo del pedido de juicio político contra Ramos Padilla “es obstaculizar la causa de Dolores y poner en juego intereses electorales”, por lo que  pide la desestimación de la denuncia.

Un aspecto medular pasa por un pedido para que declaren ante el Consejo desde el propio Macri, el ministro Garavano, los jefes de la AFI, el juez Federico Villena que ordenó las escuchas en el penal de Ezeiza luego utilizadas para armar una causa, las dirigentes de la Coalición Cívica Elisa Carrió, Paula Oliveto y Mariana Zuvic que usaron las escuchas, el juez Claudio Bonadio que las investiga, los presos espiados, un grupo de periodistas y hasta la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La acusación contra el juez de Dolores había empezado con una denuncia del Gobierno, que elevó el representante del Ejecutivo en el Consejo, Juan Mahiques, a pedido del ministro Garavano: decía que era irregular la exposición que Ramos Padilla había hecho en el Congreso explicando la investigación que tenía en marcha ante la repercusión pública y al ser convocado. El expediente está a cargo del consejero y diputado oficialista Pablo Tonelli.

El juez de Dolores advirtió que del material que se le entregó no surge ninguna acusación concreta en su contra. De todos modos, defendió su presentación pública en el Congreso como modo de satisfacer el derecho de “acceso a la información”. “Es un deber de los magistrados dar cuenta a la ciudadanía de la resoluciones dictadas y del contenido de una investigación de gravedad institucional”, sostuvo.

El escrito del defensor de Ramos Padilla dice que las escuchas con que se lo quiere involucrar al juez en un supuesto complot contra la causa de las fotocopias de los cuadernos son “pruebas manifiestamente ilegales”, y que llama la atención que los consejeros –que deben analizar la conducta de jueces– “no adviertan a los magistrados y funcionarios públicos que han llevado adelante una captación, acumulación y circulación de escuchas violatoria de los preceptos más elementales del Estado de Derecho”, ni investiguen a quienes filtran y utilizan las escuchas. Y hace corresponsables al Ejecutivo, la AFI, legisladores y jueces.