El secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, firmó un convenio que le da hasta 36 meses de plazo a las empresas Edenor y Edesur para resarcir a los usuarios por los daños colaterales que le produzcan los cortes de luz y las fallas en general en el suministro del servicio.
“Las Concesionarias abonarán las sanciones dentro del plazo de tres años de la celebración del Acuerdo, actualizadas por la tasa activa del Banco de la Nación Argentina con capitalización semestral de intereses”, establece el convenio. Es decir que por más que haya usuarios que ya hayan recibido la aprobación del ENRE para el pago de resarcimientos por parte de las empresas, el plazo de liquidación empezará a regir desde la firma del acuerdo, que fue el 10 de mayo de este año.
La legislatura porteña, con los votos del oficialismo y aliados, convalidó ese esquema la semana pasada. La provincia todavía debe dar ese paso, aunque existe la posibilidad de que María Eugenia Vidal quiera intentarlo por decreto.
El acuerdo firmado por Lopetegui y las distribuidoras eléctricas buscaba detallar cómo iban a regularizarse las obligaciones de las empresas una vez que se transfirieran a la provincia y a la Ciudad de Buenos Aires. Firmado el 28 de febrero, con la adhesión de Vidal y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue oficializado por el Ministerio de Hacienda el 10 de mayo. En la Ciudad de Buenos Aires el traspaso se legalizó el pasado 4 de julio, mientras que en el caso bonaerense todavía está pendiente.
Con el traspaso, las jurisdicciones locales asumirán los derechos y obligaciones de los contratos de concesión y el control de las distribuidoras, que estaban supervisadas por el ENRE, quedará a cargo de un nuevo organismo de control que se llamará Ente Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico (EMSE).