La Justicia rechazó dos planteos de los ejecutivos de la empresa Correo Argentino SA, de la familia Macri, quienes habían solicitado el cierre de la investigación penal que involucra al presidente y a miembros de la compañía por “falta de acción” (falta de avance en el expediente).
Fueron los jueces de la Cámara Federal porteña, Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun, quienes descartaron que la causa no haya avanzado durante los últimos dos años, y al mismo tiempo también rechazaron otra presentación que pedía anular las citaciones a indagatorias en el caso.
Este fallo llega en un momento de reposicionamiento de los jueces –o algunos– de Comodoro Py, y mientras la familia presidencial batalla en el fuero comercial para lograr cerrar, antes de diciembre, un acuerdo lo más conveniente posible y facilitado por los actuales representantes estatales por su deuda millonaria.
Además, esta decisión le deja el camino despejado al juez Ariel Lijo para resolver la situación procesal de los imputados –entre ellos el actual ministro de Defensa, Oscar Aguad-, que desfilaron por Comodoro Py a fines de marzo bajo sospecha de los delitos de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública según un dictamen del fiscal Gerardo Pollicita.
La causa tiene como base la denuncia que hizo en febrero de 2017 la fiscal Gabriela Boquin, donde mostró que el Estado, representado por el entonces Ministerio de Comunicaciones –que tenía como titular a Aguad y como director de Asuntos Jurídicos a Juan Mocoroa— aceptara firmar un acuerdo con el Correo Argentino que licuaba un 98,87 % la deuda de la familia Macri con las arcas públicas, arrastrada desde 2003. Ese pacto, denunció Boquin, era “ruinoso y abusivo”.
Al día de hoy la deuda sigue impaga, mientras que la empresa intenta que le acepten una nueva oferta irrisoria, por $ 296 millones (el valor de la deuda hace 18 años), mientras que a valores actuales asciende a unos $ 70.000 millones.
En el ámbito penal tramita una investigación por el intento de favorecer al Correo a costa del erario público. Los imputados intentaban frenarla con cuestionamientos a las indagatorias y las irregularidades que se les atribuyen.