“Si sale mal, valió la pena”. Así, sin anestesia, lo dijo anoche Hernán Lacunza. De manera irresponsable y minimizando las consecuencias sobre lo que está ocurriendo, el ministro de Hacienda no hace más que reflejar cómo el gobierno de Mauricio Macri dejará un auténtico campo minado para que le explote a la administración entrante que con seguridad estará a cargo de Alberto Fernández.
Concretamente, el gobierno que asuma el 10 de diciembre próximo tendrá en sus manos resolver en el más corto plazo posible cuestiones claves tales como el freno a los embargos de las Pymes, el subsidio a los hipotecarios UVA, el congelamiento de los combustibles, tanto desde lo económico como lo judicial, el vencimiento de las letras que reestructuró la semana pasada con pagos en tres y seis meses, y todo en un contexto de fuerte caída de reservas, corrida cambiaria y default. Y como si fuera poco, también deberá decidir si mantiene el control de capitales.
De la boca para afuera, desde la todavía sobreviviente gestión macrista se intenta mostrar que las recientes medidas económicas son la respuesta para hacerse cargo de la acumulación de tantos problemas. Pero interiormente, desde Macri hasta el último de los secretarios son conscientes de que más allá de presentar un plan de reestructuración de la enorme deuda que generaron, no están dadas las condiciones para que se pueda cerrar una propuesta en breve.
La pregunta que sigue es qué pasará con el congelamiento de los combustibles, una medida que busca paliar la política de dolarización de sus precios que implementó el ex ministro de Energía y CEO de Shell, Juan José Aranguren. Para los mayoristas el congelamiento que debería regir hasta noviembre ya fue flexibilizado.
Justamente, esta semana se libera para el segmento mayorista de combustibles y esto significará para las petroleras la primera flexibilización del congelamiento de precios que regirá hasta mediados de noviembre, a la vez que reconocerá un tipo de cambio de 50 pesor por dólar para las operaciones del sector.
Claro, el problema es la adecuación al precio de naftas y gasoil que pagan los particulares después de las elecciones de octubre, pero incluso el problema podría estallarle antes al gobierno. Para los consumidores implicará mayores aumentos en el surtidor, pero también en el resto de los precios, por el impacto del valor de combustible en la economía.
Hasta la Corte Suprema de Justicia aplaza decisiones con la vista en las elecciones y al cambio del escenario político. Desde el máximo tribunal ya anticiparon que se aguardará a que el Procurador general de la Nación emita dictamen y que el Congreso avale o rechace los decretos presidenciales antes de emitir un fallo.
En tanto, los gobernadores de 17 provincias definieron que el Gobierno tiene hasta el fin de semana para “reponer” los 30.000 millones de pesos de costo en sus cuentas de financiar la rebaja del IVA y de Ganancias anunciados después de las PASO porque, de no ser así, demandarán al Estado en la Corte.
1 comentario
Es un gobierno de mala gente por donde se lo mire . Y todavia hay que fumarse a algunos que siguen repitiendo la pelotudes de que son todos iguales .