A pesar de que el macrismo en algún momento llegó a mostrarse como un espacio inmaculado y representante de una nueva forma de hacer política, la desesperación por no perder todo el poder, lo llevó a pactar secretamente con uno de los personajes más oscuros de la dirigencia argentina, como lo es Luis Barrionuevo.
Amparándose en la necesidad de retener, aunque más no sea la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se arribó a un acuerdo electoral subterráneo para que la tropa del cuestionado sindicalista trabaje en las comunas más adversas de la Ciudad, para lograr la reelección de Horacio Rodríguez Larreta.
En el marco de ese nada transparente acuerdo, el ministerio de Producción y Trabajo, a través de su titular, Dante Sica, aprobó la modificación parcial del estatuto de los gastronómicos, el gremio que encabeza Barrionuevo desde 2001, para blindarlo de cualquier intento opositor que insinúe desplazarlo de ese cargo.
En tanto, otro acuerdo, de mayor impacto, se concretó después del triunfo electoral de Alberto Fernández en las PASO: días más tarde se acordó con el Gobierno la extensión del mandato por 150 días de un hombre de Barrionuevo que está al frente de la intervención de la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (Upsra), que reúne a vigiladores privados, espías, patovicas y policías exonerados.
Rodolfo “Coco” Alonso, el delegado normalizador de la Upsra, llegó hasta allí avalado por el ministro Sica, aunque con el visto bueno del jefe gastronómico y de Enrique “Coti” Nosiglia, el histórico referente radical que todavía influye en la gestión macrista.
El gran atractivo político del gremio de los vigiladores no es la recaudación de la cuota sindical ni la caja de aportes a la obra social. Cuenta con 15.000 afiliados, aunque sus directivos y los funcionarios de la Secretaría de Trabajo reconocen que podría tener muchísimos más. En realida, el verdadero interés es la información que recolectan sus afiliados, muchos de ellos diseminados en sitios oscuros y secretos.
Para tomar dimensión sobre el poder de ese gremio, en el estatuto interno se establece que sus representados son aquellos trabajadores que presten servicios de las siguientes tareas: custodios personales, de valores y de pagadores; vigilancia en bancos, casas de crédito y compañías de seguro; vigilancia en remates, hoteles y casas particulares; prevención de accidentes y robos.
Se incluyen también las investigación de conductas prematrimoniales; acumulación de pruebas para procesos judiciales y localización de máquinas y vehículos prendados; vigilancia y control de carga y descarga de mercaderías y control de entrada y salida de personal; investigaciones o asesoramientos en asuntos civiles, comerciales o criminales; localización de deudores morosos; prevención e investigación de robos y hurtos; contraespionaje industrial y vigilancia, y seguridad en instituciones o empresas públicas.
La Upsra está intervenida desde fines de 2016. Por entonces, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, no avaló el proceso electoral interno y desbancó de la conducción a Ángel García, un ex aliado de Barrionuevo. Ubicó allí a Patricio Lombilla como interventor. García judicializó la disputa, logró un fallo favorable de la Sala IX para regresar al gremio, aunque aún no obtuvo sentencia firme. Triaca también impugnó la maniobra del principal opositor de García, Leónidas Requelme, quien explora ahora un acuerdo con la intervención para quedarse con el mando del sindicato si es que se normaliza la puja interna.
El hecho es que la pelea por el control del gremio, que lleva ya tres años de intervención y peleas internas, será en definitiva un asunto a resolver de la próxima gestión. Por ahora, Barrionuevo alleva las de ganar, porque gracias al pacto con el gobierno, logró que Sica extienda la intervención de Alonso por 150 días a partir del 14 de agosto último.