El estratégico Consejo de la Magistratura puso en marcha un operativo de prevención, con la idea de limitar el “traslado” de jueces, lo que en los últimos años le permitió al Gobierno estirar hasta el límite los reglamentos para lograr enroques estratégicos, sobre todo en la codiciada Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Py.
En la Comisión de Reglamentación del órgano de selección de magistrados se aprobó un nuevo formato que incluye requisitos más estrictos para permitir la mudanza entre juzgados, y exige avales que, sin consensos políticos amplios, serían imposibles de lograr.
Por un lado, el objetivo apunta a impedir la discrecionalidad con la que el sistema funcionó hasta ahora, pero también establecerá limitaciones para que esa herramienta no pueda ser replicada por una futura administración en la Casa Rosada.
En el nuevo formato, los jueces que pidan traslado deberán contar primero con el visto bueno del Poder Ejecutivo, que debe emitir una opinión favorable, tal como sucedía hasta ahora como único requisito previo. Pero si por caso el traslado “importa una competencia más amplia o distinta a la que ejerce el solicitante, se requerirá acuerdo del Senado de la Nación”.
Esta nueva restricción aparece para quienes “saltaron” de la denominada justicia nacional (de competencia territorial acotada) al fuero federal, tanto en tribunales de revisión como de juicio oral. Es el mismo camino que siguen los pliegos de magistrados que emergen de un concurso. Y se agrega que “para aprobar el pedido, el Plenario requerirá mayoría calificada de dos tercios”, lo que significa un cambio sustancial a la actual mayoría simple que el bloque oficialista tenía garantizada para mover piezas dentro de Comodoro Py.
Después de todo ese proceso, el Ejecutivo volvería a intervenir para dictar el decreto de designación para efectivizar el traslado. La conclusión es que los traslados seguirán existiendo, pero indefectiblemente los nombres van a necesitar sí o sí de acuerdos políticos.
La lectura de los jueces es que, hasta ahora, no solo no se cumple con la garantía de juez natural, sino que tampoco cuentan con la “estabilidad” necesaria los “trasladados” bajo el mecanismo vigente.
Como no podría ser de otra manera, los resultados de las PASO sacudieron también el ámbito del Consejo respecto al futuro de los cargos en caso de que en octubre se confirme el triunfo de Alberto Fernández.