En medio de la crisis, el gobierno de María Eugenia Vidal firmó un convenio por $ 16,5 millones para tercerizar funciones propias del IOMA en Provincia NET, una empresa del Grupo Bapro, que dirige Jorge Macri, el intendente de Vicente López. Los trabajadores denuncian un intento de vaciamiento y analizan ir a la Justicia, mientras que la oposición pidió la interpelación del presidente del organismo pero fue frenada por Cambiemos.
Según publicó Tiempo Argentino, el convenio fue firmado en mayo pero trascendió hace algunas semanas, tras las PASO, e incluye un servicio integral informático por el que IOMA le cede a Provincia NET el sistema de cobro a afiliados y pago a prestadores, como así también el manejo de las autorizaciones de las prestaciones médicas y de la entrega de medicamentos, entre otras cosas. Toda la información pasa ahora a sus manos, aunque la propiedad intelectual del nuevo software queda para la contratista.
Para realizar su trabajo, la empresa tendrá acceso a la base de datos de los 2,5 millones de afiliados que posee la obra social entre los empleados públicos de la provincia y de los municipios más los voluntarios. Y también quedó autorizada a subcontratar a otra empresa, que en este caso es Conexia SA, que arrastra denuncias por incumplimientos con el Estado en las provincias de Chubut y Neuquén.
La votación del convenio fue controvertida. El directorio de IOMA cuenta con seis integrantes: tres en representación del Ejecutivo y tres de los gremios. Como hubo dos votos a favor, dos en contra y dos abstenciones (que no se contabilizan), el presidente de la obra social, Pablo Di Liscia, hizo uso de su voto doble y destrabó la votación.
Las autoridades hicieron oídos sordos además a las objeciones de la Fiscalía de Estado que, al analizar el convenio, le pidió a IOMA que “justificara la razonabilidad del gasto” y consideró que era de “imposible cumplimiento”. El convenio, que es por tres años, se firmó igual.
Los primeros en denunciar la situación fueron los trabajadores de IOMA quienes, junto al resto de los estatales, médicos y judiciales, advirtieron que la maniobra era un intento de “gerenciamiento” y un “negociado” ya que las tareas desarrolladas por la empresa del BAPRO pueden ser realizadas por el personal actual.
“No tiene ninguna justificación esta tercerización. Es un gasto absolutamente innecesario ya que el sistema informático podría haberse desarrollado con recursos propios. IOMA tiene capacidad instalada en infraestructura y recursos humanos para hacerlo y de hecho muchos sistemas ya se hicieron”, explicó a este diario la delegada general de ATE en IOMA, Luana Simioni.
Para el gremio, unos de los puntos más preocupantes son el acceso a la base de datos de todos los afiliados y la autorización para que administre las autorizaciones de prácticas médicas y de medicamentos, por entender que se abre la puerta a la “privatización” de esas prestaciones. A esto se suma el historial de la empresa subcontratada.
“Provincia NET es la que firma el convenio pero quien está actuando y tiene acceso a la base de datos es Conexia, una empresa que tiene un largo historial de incumplimientos en las obras sociales de Chubut y Neuquén, donde desarrolló un sistema caótico”, contó Simioni y acotó que en el caso neuquino, cuando le rescindieron el contrato, la mutual tuvo que volver al viejo sistema de papel porque la empresa se llevó el software ya que era dueña de la propiedad intelectual, la misma cláusula que existe con IOMA.
La oposición llevó el tema a la Legislatura bonaerense a través de pedidos de informes para saber si ya se pagó a Provincia NET y una solicitud de interpelación sobre tablas al presidente de la obra social, que fue frenada por Cambiemos. “En un momento de crisis y en un organismo tan delicado como IOMA, con los problemas que tiene para cubrir las prestaciones, queremos que expliquen por qué razón el presidente de la entidad firma un convenio para tercerizar algo que pueden hacer los trabajadores. Queremos una explicación”, dijo la presidenta del bloque de senadores de Unidad Ciudadana, Teresa García, al pedir la presencia de Di Liscia.
El titular de la bancada oficialista, Roberto Costa, respondió que 16,5 millones “no parecía tanto” para “integrar 42 sistemas informáticos distintos” y también advirtió que una interpelación “puede convertirse en un circo romano”.