La justicia condenó a Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción (OA), a entregar en un plazo de 15 días toda la información y documentación que desde hace un año le oculta a la Auditoría General de la Nación (AGN), que intenta analizar su desempeño al igual que hace con el resto de los organismos públicos.
Lo que no deja de resultar paradójico es que ese organismo es una dependencia que debería ser ejemplar en el ejercicio de la llamada “transparencia” pero, según el juez Enrique Lavié Pico, “no respeta los cánones básicos de la Ley de Acceso a la Información Pública”.
“La negativa a brindar la información requerida constituye un acto arbitrario e ilegítimo en el marco de los principios de una sociedad democrática e implica, en consecuencia, una acción que recorta de manera severa derechos que son reservados a cualquier ciudadano, en tanto se trate de datos de indudable interés público y que hagan a la transparencia…”, afirmó al juez, invocando un fallo de la Corte Suprema.
La Auditoría General de la Nación es el organismo autónomo que tiene como competencia fundamental controlar el normal funcionamiento de las dependencias del Poder Ejecutivo nacional y, por lo tanto, tiene como una de sus obligaciones requerir los informes que considere necesarios a aquellas oficinas u organismos a los que tiene que auditar.
El pleito empezó hace más de un año cuando la AGN le requirió información a la OA acerca de las denuncias en las que había intervenido como querellante en aquellos casos en los que estuviera involucrado algún funcionario -incluyendo al propio presidente de la Nación- desde el 10 de diciembre de 2015 en adelante.
Laura Alonso se negó en reiteradas oportunidades a permitir que el organismo jurídico realizase la auditoría pertinente. Incluso llegó a decirles que se remitieran a los informes publicados en su sitio de Intenet, cosa que hizo pero que consideró insuficiente para realizar su trabajo.
La funcionaria, impuesta de modo irregular por el presidente Macri ni bien asumió (Alonso no es abogada, requisito fundamental para ocupar el cargo, pero Macri modificó la legislación quitando por decreto ese ítem para favorecerla) hizo oídos sordos a los requerimientos de la Auditoría hasta que ésta optó por presentar un amparo ante la Justicia por primera vez en su historia.
Uno de los casos en la que está más comprometida es el de la deuda que el propio presidente Macri mantiene con el Correo Argentino S.A. (empresa residual de cuando estaba al mando de su grupo empresario) sobre la que quiso concretar una quita de $ 70 mil millones.
Ahora, el fallo obliga a Alonso a entregar en un plazo máximo de 15 días toda la información reclamada, que involucra todo lo actuado desde que asumió en su gestión.
Alonso pasó a protagonizar un virtual estado de rebeldía en mayo pasado, en el marco de su bochornosa reacción en cuanto a no permitir que la Auditoría lleve adelante una inspección en el organismo que ella dirige.