La reducción de las indemnizaciones por invalidez resultantes de accidentes de trabajo, es lo que de manera inesperada acaba de decidir el Gobierno nacional, por las presuntas consecuencias de “incrementos desmedidos” de esos resarcimientos. Lo hizo a través de un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia), y que fue publicado esta mañana en el Boletín Oficial.
En la medida se establece que “desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta la fecha en que deba realizarse la puesta a disposición de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación, el monto del ingreso base devengará un interés equivalente a la tasa de variación de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) en el período considerado”.
Hasta hoy, el índice que se tomaba en cuenta para actualizar la indemnización hasta el momento del cobro era el de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, y que era un índice mayor.
Por ejemplo, el RIPTE de todo el 2018 fue de 27,72%, contra un 40,63% de la tasa activa del Nación.
Otra cuestión polémica es que la medida en cuestión tendrá vigencia retroactivamente, ya que en el artículo 3 determina que “se aplicarán en todos los casos, independientemente de la fecha de la primera manifestación invalidante”.
Esta mañana, el camarista laboral Enrique Arias Gibert aseguró que el DNU firmado por Macri “es aplicable al trabajador que murió días atrás en el accidente del aeropuerto de Ezeiza”, José Bulacio.
El juez señaló que no puede opinar sobre la constitucionalidad de la norma ya que podría impedir su participación en los posibles reclamos judiciales, no obstante, remarcó que “si esta norma no es inconstitucional, cuando llegue el reclamo de la familia del trabajador que murió en Ezeiza se le va a aplicar esta baja en la indemnización”.
En declaraciones a El Destape Radio, cuestionó que la justificación para el decreto es que “las ART ganan poco” y apuntó: “Un DNU requiere necesidad y urgencia. ¿Cuál es la necesidad y la urgencia de mejorar el negocio de una empresa privada?”.
“Están haciendo que se abarate el accidente. Y si es más barato el accidente no tiene sentido invertir en prevención”, sentenció.
En los considerandos de la medida, el Gobierno justicia la decisión en que “resulta necesario asegurar la continuidad de las condiciones de sostenibilidad del Sistema de Riesgos del Trabajo, propiciando la protección de los asegurados y trabajadores mediante un sistema financieramente viable”. En otras palabras, el Gobierno lo que hace es considerar la necesidad de reducirle los costos a las ART.
Se agrega además que “el mantenimiento del esquema actual provocaría un inminente desfinanciamiento del sistema con impacto en la solvencia de las Aseguradoras y, en definitiva, en los trabajadores, beneficiarios del Sistema de la Seguridad Social”.
“Los incrementos desmedidos de las potenciales indemnizaciones como consecuencia de la aplicación de la tasa activa (…) son perjudiciales para la necesaria solvencia del sistema”, es el argumento esgrimido por el Ejecutivo.