La Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata anuló ayer una resolución del juez de Garantías Guillermo Atencio, en el marco de una causa iniciada por la denuncia del secretario de Política Criminal de la Procuración General, Francisco Pont Vergés, contra el defensor de Casación, Mario Coriolano, con motivo de una visita realizada a una detenida que había sido víctima de torturas.
El fallo significa un verdadero revés para el ministro de Justicia y responsable del Servicio Penitenciario, Gustavo Ferrari, y para el procurador general Julio Conte Grand, que promovieron acciones contra Coriolano, quien buscaba documentar y visibilizar la situación de una interna trans de 36 años, portadora de HIV, que sufrió malos tratos en un penal bonaerense, que le provocaron trastornos graves e irreversibles en su estado de salud. Pero además es un revés para Pont Vergés, justo uno de los candidatos a ocupar las dos vacantes en el Tribunal de Casación que espera tratamiento en el Senado junto a otros 41 pliegos.
El caso de la polémica es el de Mónica Mego, una mujer trans que quedó parapléjica por los tratos inhumanos del Servicio Penitenciario. Según se supo durante la investigación, reclamó asistencia médica por seis meses pero desoyeron su pedido, incluso el de una huelga de hambre que realizaron otras detenidas en solidaridad. Cuando la trasladaron al hospital San Martín, en La Plata, ya era muy tarde. Debieron operarla de un absceso epidural en la médula y quedó parapléjica.
Coriolano fue quien se interesó de forma personal en el caso de Mego y, según se conoció hoy, la anulación de una resolución en su contra configura un golpe político importante para el ministro Ferrari, y para Conte Grand, que fueron quienes impulsaron las acciones contra el Defensor de Casación.
Según publicó el portal Infocielo, el titular del SPB, Xavier Areses, inició una denuncia en la Secretaría de Política Criminal de la Corte y le atribuyó al Defensor haber entrevistado a la detenida “sin autorización”. La acción judicial no prosperó y Pont Vergés la usó como puntapié inicial para un expediente disciplinario e instruyó a la Fiscalía General de La Plata a que formule denuncia penal que quedó radicada en la UFI 15 de la Capital bonaerense.
El fallo de la Cámara advirtió sobre la trascendencia institucional de la causa, que podría afectar la defensa pública y la intervención de organismos de derechos humanos. Además, remarcó “el proceso penal llevado adelante contra el Defensor Oficial, comprometido con la defensa de los derechos humanos, por querer documentar un estado de cosas –por cierto sumamente graves- en el oscurantismo de una cárcel, asoma francamente como desmedido”.