El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad, dispuso la creación del programa “Ofensores en Trenes”, que autoriza a los efectivos de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería a pedir DNI cuando ellos lo dispongan para la “prevención de delitos”, un eufemismo para que los agentes demoren y eventualmente demoren o detengan a pasajeros no portar el documento consigo o por portación de cara.
La medida fue publicada hoy en el Boletín Oficial, a través de la resolución 845/2019. La misma, argumenta el Gobierno, “tendrá por finalidad la prevención de delitos en el sistema de transporte público de trenes de pasajeros”.
Allí, se ordena tanto a la Policía Federal como Gendarmería y Prefectura Naval a que “extremen los recaudos y facultades de control que le son propias en zonas de ingreso, egreso, tránsito y/o permanencia de personas que utilizan el transporte público en trenes de pasajeros, teniendo por objeto, a través de la verificación de identidad de las mismas, la constatación de la posible existencia y/o vigencia de medidas restrictivas de carácter judicial”.
Esta medida, en resumen, ordena a las fuerzas de seguridad que pidan el documento a los pasajeros de los trenes de todo el país (las estaciones y vías férreas son de jurisdicción federal) y procedan a demorar y eventualmente detener a una persona por no llevarlos consigo, bajo criterios arbitrarios.
El ministerio que comanda Patricia Bullrich se ampara en un decreto ley de la Revolución Libertadora, que establece que “la interceptación de un ciudadano en la vía pública por parte de la Policía con fines de identificación, en este caso exigir la exhibición de su documento de identidad, forma parte de su actividad”.
“La solicitud de documentos en la vía pública a las personas en ejercicio de controles generales, constituye una de las facultades propias del ejercicio del poder de policía del Estado en materia de prevención del delito”, justifican en la cartera nacional.
En sus considerandos, la Resolución indica que la decisión se enmarca dentro de la Ley de Seguridad Interior (25.059) y que la interceptación de un ciudadano en la vía pública por parte de la Policía con fines de identificación, en este caso exigir la exhibición de su documento de identidad, forma parte de su actividad, toda vez que tiene entre sus funciones la de ‘prevenir delitos’”.
A la hora de proveer fundamentos legales para la medida, el documento cita un fallo del Tribunal Superior de Justicia porteño que en 2016 avaló la facultad de la Policía para pedir documentos a peatones en lugares públicos con el mismo objetivo.
La instancia de revisión, en contraste, había entendido que “la policía no se encuentra autorizada interceptar a un hombre con fines de identificación porque ese proceder constituye una privación de la libertad ambulatoria-aunque sea breve- y por esa razón, sólo podría realizarlo cuando mediara un supuesto de sospecha, que en el caso no se dio”.
No obstante, el máximo tribunal de la Ciudad determinó que “la facultad la identificación de las personas, en lugares públicos o de acceso público, por parte de la autoridad policial no exige la concurrencia de circunstancias sospechosas o indiciarias acerca de la hipotética comisión de un ilícito que deba ser conjurado, sino que dicha facultad razonablemente se justifica en la propia función de prevención y disuasión que les concierne como funcionarios públicos”.
El mecanismo, según explicó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se implementará a través de un software que los efectivos tendrán en sus teléfonos, similar al que se utiliza en los ingresos a los estadios de fútbol.
“La gente va a pasar por un sistema que estará cargado en un teléfono y aquellas personas que tengan un delito previo, se le va a avisar que se lo va a monitorear, se le pide a la Justicia que unifiquen esas causas. Hay gente que tiene más de 10 delitos realizados en el transporte público”, explicó en declaraciones a radio Continental.
Además, aseguró que “la Policía siempre ha podido pedir el DNI en los trenes”, y que el objetivo de esta medida es “generar una conducta distinta de comportamiento en el transporte público, que es fundamental para toda la gente que viaja”. “En los trenes tenemos el mayor número de delitos de acoso, agresiones y lesiones”, advirtió.
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ATRASAN 150 AÑOS ESTOS HDP