Feroz ataque a Ramos Padilla y Pérez Esquivel por parte de Daniel Santoro y sus amigos de Fopea

Desde hace meses, el periodista Daniel Santoro y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), una institución inventada por el mismo Santoro en el año 2003, qué con los años se convirtió en un apéndice del Grupo Clarín, vienen atacando al juez Alejo Ramos Padilla y, desde hace una semana a la prestigiosa Comisión Provincial de la Memoria (CPM) que preside el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, por haber colaborado con el juez de Dolores en la causa de la red de espionaje ilegal que conducía Marcelo D’Alessio junto a funcionarios del gobierno, de la Justicia y del periodismo para inventar causas que perjudiquen  a la ex presidenta Cristina Kirchner y a sus ex funcionarios.

En un nuevo comunicado, Fopea advirtió sobre la “gravedad institucional” del juez  Ramos Padilla, confirmado 7 veces por la Cámara de Mar del Plata, por haber procesado a Daniel Santoro por los delitos de “coacción y extorsión en grado de tentativa”, aunque sin presión preventiva. Según Fopea el juez avanza sobre “la criminalización del periodismo profesional en la Argentina a partir del trámite impuesto a la denominada causa D’Alessio”.

En el comunicado, afirman que “en el ejercicio periodístico el mero hecho de entrevistar en público a una fuente, o el intercambio de mensajes con una fuente informativa, no son “indicios de un nivel de coordinación” entre el periodista y el entrevistado para cometer un ilícito, como viene insistiendo el juez Ramos Padilla para criminalizar el oficio periodístico en sucesivas resoluciones referidas a Santoro”.

Días atrás, el mismo Santoro publicó un artículo en Clarín atacando a la CPM por investigar los posibles delitos de su actividad. Luego afirma que la Comisión tiene la “clara intención de incriminarme a mí y salpicar a mis colegas”

Esta mañana, el presidente de la CPM  Adolfo Pérez  Esquivel, fue contundente en su respuesta a los ataques del Grupo Clarín. La comisión hizo “es un trabajo técnico a pedido del juez Ramos Padilla”. Y agregó: “La libertad de prensa está bien, pero la impunidad es otra cosa; sí hay delitos deben ser investigados”.

Esquivel conversó con Roberto Navarro en El Destape Radio y allí replicó los ataques de la corporación: “esto no es una Conadep del periodismo, es un informe que pidió el juez, así que no jodan con eso”.

Asimismo, indicó que “esto es el operativo Condor 2: el lawfare, que ha servido para condenar a Dilma, a Lugo”. “Y hay grandes medios de comunicación que condenan antes de ser juzgados“, agregó. “No sé por qué se han alborotado tanto, a mí me preocupa que Stornelli no se presenta”, planteó Pérez Esquivel y arremetió: “Hubo comunicaciones, encuentros, etc. Nosotros no juzgamos, eso lo hace el juez”.

En ese sentido, explicó: “El juez nos dio la documentación y nos pidió que la analicemos. Me preocupa por qué quieren impedir la investigación, por qué quieren sacar del medio a Padilla porque lo que ya vimos es que hay un servicio de espionaje paralelo al oficial”. A la vez, remarcó que “si hay periodistas que cometieron ilícitos la justicia determinará qué responsabilidad tienen” y sentenció: “Nosotros vamos a seguir trabajando aunque los diarios nos presionen”.

Comunicado de la Comisión Provincial de la Memoria. En horas de la tarde, la CPM publicó un durísimo comunicado bajo el titulo “Investigar la inteligencia ilegal para defender la Republica y garantizar la libertad de expresión” frente a los ataques de la corporación mediática.

La CPM afirma:

“En primer lugar, la Comisión Provincial por la Memoria es un organismo público extra poderes sin ninguna injerencia ni intervención del Poder Ejecutivo ni de ningún partido o fracción política. Así fue creado por leyes de la Legislatura provincial 12.483 y 12.611 que le dieron autonomía funcional y financiera para cumplir con su misión de implementar políticas públicas de memoria y derechos humanos.

Uno de los ejes de trabajo centrales del organismo ha sido las acciones de inteligencia estatal llevada a cabo por las fuerzas de seguridad. Esta línea de trabajo es fundacional en la institución, ya que desde el año 2001 la CPM es custodia del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y se ha dedicado a su estudio, digitalización y desclasificación. Esta tarea le fue asignada por la legislatura provincial mediante la ley 12.642 y también mediante una medida cautelar de la Cámara Federal de La Plata que la designó como depositaria judicial de toda la documentación. Somos un organismo que se ha especializado en la temática y desplegado importantes líneas de investigación y de trabajo que desarrollan equipos profesionales idóneos y de gran experiencia.

Desde hace 20 años el organismo ha sido auxiliar de la justicia aportando estos documentos del Archivo a las causas de lesa humanidad, donde fueron pruebas centrales en las condenas de los genocidas. Los peritos y especialistas de la CPM han sido convocados en múltiples juicios en los que se han aportado documentos probatorios según los requerimientos de jueces y fiscales de todo el país. Esta tarea también se llevó a cabo en causas como el atentado a la AMIA, el asesinato de Kosteki y Santillán o los hechos de La Tablada, todos ellos ocurridos en democracia. Es el único organismo que ha peritado documentos de inteligencia, en tanto el fondo DIPPBA (que abarca desde 1956 a 1998) es el único archivo de esa especialidad desclasificado hasta el presente en Argentina. Tal es así que su trabajo ha sido reconocido a nivel nacional e internacional.

Estas intervenciones buscan ligar la participación técnica de la CPM en la causa que investiga el juez Ramos Padilla sobre una red de inteligencia ilegal, con una supuesta “CONADEP contra periodistas”. Desde la CPM rechazamos esta o cualquier iniciativa que pretenda perseguir o emprender una suerte de caza de brujas contra el periodismo. Como organismo que defiende los derechos humanos y la democracia, defendemos la libertad de expresión como un bien que garantiza el derecho a la información de toda la sociedad.

En relación al trabajo pericial realizado por el organismo a pedido del juez federal de Dolores, informamos que a la fecha se entregaron cuatro informes respondiendo a los requerimientos del magistrado, ajustados a los criterios analíticos y conceptuales que técnicamente resultan pertinentes por la naturaleza del material peritado. En ninguno de ellos se investigaron notas periodísticas ni sus contenidos; tampoco se realizó control ideológico de las mismas o se analizó una posible “acción psicológica”. El corpus documental analizado ha sido exclusivamente lo aportado por el juzgado, producto del allanamiento e incautación de computadoras y teléfonos del imputado Marcelo D’Alessio. El estudio se orientó a identificar actividades de inteligencia con metodologías no permitidas o que podrían presentar en su ejecución patrones comunes desplegados por agencias de inteligencia nacionales e internacionales, en posibles connivencia o vinculación con poderes del Estado nacional y provincial. Muchas de las críticas que se formulan al accionar de la CPM es muy claro que están hechas sin haber leído los informes presentados, lo que las constituyen en poco serias, sesgadas, inexactas o mal intencionadas.

Insistimos: no es función de la CPM -ni lo hemos hecho- auditar la producción periodística. En esta causa se investiga la comisión de delitos, y determinarlo es función exclusiva de la justicia. La garantía de las libertades remite a que los procesos judiciales se ajusten a derecho y no tenemos ningún elemento que indique que la causa D’Alessio no lo haga. No obstante, como hemos denunciado en todos nuestros Informes sobre el sistema de la crueldad, la justicia no siempre ajusta sus procesos a derecho, convalidando causas armadas, teniendo estándares investigativos bajos contra el crimen organizado y la violencia estatal, y vulnerando el pleno acceso a la justicia de los sectores más pobres. Lamentablemente la ley no es igual para todos. Es por ello que en todas las causas en que la CPM participa -como amicus curiae, como perito, como querellante, patrocinando a víctimas o como veedores judiciales- tiene particular preocupación por promover el pleno acceso a la justicia como parte fundamental del estado de derecho”.