La mitad de los subsidios clandestinos que destinó el Gobierno nacional a desocupados para ser canalizados por punteros propios en los últimos días, previos a la elección general, tuvo como destino la provincia de Buenos Aires, y en particular, los municipios gobernados por Juntos por el Cambio.
Sin embargo, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, evitó pronunciarse cuando fue consultada por las denuncias, mientras que el candidato a sucederla por el Frente de Todos, Axel Kicillof, dijo que la acusación “es de una gravedad increíble”.
La cuestión surge a partir de un relevamiento sobre datos internos del Ministerio de Producción y Trabajo a los que tuvo acceso exclusivo el diario Ámbito Financiero, y que forman parte de la resolución 1177 de la Secretaría de Empleo que el 3 de octubre implementó el programa nunca publicitado ni dado a conocer a intendentes no oficialistas.
A propósito de tan graves irregularidades, dirigentes de Juntos por el Cambio confirmaron en los últimos días que desde el Ejecutivo nacional se les encomendó buscar, entre los desocupados de cada distrito, a potenciales beneficiarios.
El escándalo trepó hasta llegar a la Justicia: el fiscal federal con competencia electoral, Jorge Di Lello, citó para hoy a declaración testimonial al periodista Mariano Martín, quien inició esta investigación, al tiempo que abrió una investigación de oficio.
El 23 de septiembre último, el diario publicó que el Gobierno preparaba un plan de largo alcance para implementar un bono de $ 5.000 destinado a desocupados sin otros ingresos. A través de la resolución 1177 firmada por el secretario Fernando Prémoli, subalterno del ministro de Producción, Dante Sica, apartó un presupuesto máximo de $ 650 millones para ese fin, con un universo estimado de 114 mil beneficiarios.
Al mismo tiempo, en varios distritos peronistas sus intendentes se quejaron de que sus competidores de Juntos por el Cambio ofrecían este pago sin pasar por los mecanismos institucionales locales. Y también se produjo el caso inverso: dirigentes del Frente de Todos denunciaron que jefes comunales del oficialismo, como el de Pilar, Nicolás Ducoté, el de La Plata, Julio Garro, o el de Morón, Ramiro Tagliaferro, hacían campaña con la promesa de bonos. Respecto de Ducoté, incluso, la jueza electoral María Servini de Cubría le ordenó poner fin a esas actividades.
Francisco Ratto, concejal y candidato a intendente de San Antonio de Areco, confirmó que desde el Ministerio de Producción y Trabajo había sido contactado para “buscar” posibles subsidiados en el municipio, y que a partir de esa tarea inscribió a 200 personas con un presupuesto total de un millón de pesos. Se le preguntó una y otra vez por qué se encargaba de una labor que debería realizar el Ejecutivo nacional o local a través de áreas específicas, a lo cual sólo atinó a responder que como concejal y dirigente estaba en condiciones de hacerlo.
Además de Areco hubo reportes similares de los intendentes peronistas de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini; Roque Pérez, Juan Carlos Gasparini, y del Partido de la Costa, Juan Pablo de Jesús, entre otros. Aunque las denuncias se pusieron en común en foros de intendentes peronistas hasta la semana pasada no había sido presentada una imputación judicial.
En los registros internos de la cartera a cargo de Sica figura una proyección de un total de 114 mil subsidios para desplegar en todo el país. En las planillas se constató una primera tanda de 105 mil bonos pedidos, de los cuales la ANSES rechazó 25 mil.
La mitad de los 80 mil que efectivamente fueron liquidados por Producción y Trabajo corresponde a la provincia de Buenos Aires. Entre las localidades más involucradas estuvieron Lomas de Zamora, con 11.705 planes; Florencio Varela, con 5.992 y Pilar, 5.601. Entre las restantes provincias la que recibió más subsidios fue Santa fe, con 7.800, seguida por Chaco, 4.900 (casi todos en Resistencia); Córdoba, 4.094; Ciudad de Buenos Aires, 1.481; Jujuy, 693, y Mendoza, 519.
Ean tanto, desde el Ministerio se argumentó que la resolución 1177 activó un plan preexistente en el área de Empleo, por lo que no implicó la creación de un nuevo plan, por lo que en teoría no era obligatorio que fuese publicado en el Boletín Oficial.
Sin embargo, desde esa cartera no supieron explicar cuál había sido el método para lograr que fuesen ubicados más de 100 mil beneficiarios del bono en tiempo récord sin hacer publicidad alguna del plan, y sin darlo a conocer mediante canales institucionales en ninguno de los casos.