Dietrich en la mira: la Justicia le pide informe sobre contratos por US$ 5300 millones

Tras un pedido del PJ, la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo Federal ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad entregar información relacionada con los contratos de participación público privada (PPP) sobre una serie de concesiones otorgadas por el Ejecutivo nacional por unos US$5300 millones.

La orden vino de los camaristas Clara María do Pico, Liliana María Heiland y Rodolfo Eduardo Facio, quienes definieron por unanimidad revocar la decisión de la jueza Macarena Marra Gimenez, titular del Juzgado N° 12, y ordenaron que Vialidad entregue la información solicitada.

La decisión llegó luego de que el titular del PJ nacional y diputado, José Luis Gioja, hiciera un pedido de acceso a la información pública para que el organismo provea cuáles fueron las ofertas de las empresas a las que se les adjudicaron las obras, sus anteproyectos técnicos, proyectos ejecutivos y cualquier información referente al monto en pesos y dólares de cada uno de esos ítems para los corredores viales A,B,C,E,F y Sur, parte de la Licitación Pública Nacional e Internacional del Proyecto denominado “Red de Autopistas y Rutas Seguras”.

Gioja sostuvo que hasta el momento la Dirección Nacional de Vialidad dio información incompleta, pese a haber sido muy puntual en el requerimiento; que jamás se indicó que la información solicitada no existía; y que reconocieron tener los datos pero definieron no entregarlos.

También se encuentra bajo la lupa el accionar de parte del área jurídica de la entidad, ya que el gremio cree que no pudo pasar desapercibido por los encargados de ese sector el sistema de adjudicación a dedo de ciertas obras. Sobre todo la mirada está puesta en Ricardo Stoddart y Leandro Fernández, así como también en César Fernandez, quien es sindicado como lobbysta de empresas privadas.

En paralelo, continúan los conflictos dentro del organismo. El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) resolvió paralizar actividades desde este mediodía y por tiempo indeterminado por “la falta de pago del concepto salarial co-responsable contable que se les adeuda a los trabajadores desde octubre de 2016 y además la pretensión unilateral de la Administradora Patricia Gutiérrez de dar de baja a través de una resolución, un beneficio adquirido y que incluso fue reconocido por la misma gestión”, según explicó la titular del gremio, Graciela Aleña.