La causa iniciada por irregularidades en las elecciones del distrito de Maipú avanza: el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, envió hoy la causa al Juzgado Federal con Competencia Electoral a cargo del juez Adolfo Ziulu, y podría haber novedades en breve. El Frente de Todos pidió directamente la impugnación del comicio en esa ciudad.
Las actuaciones en la justicia comenzaron por una denuncia realizada por el candidato a intendente del Frente de Todos, Facundo Couddanes, quien denunció que al menos 150 vecinos de la localidad de Maipú sufrieron la retención de su DNI por parte de funcionarios de la gestión del actual intendente Rappallini (de JxC) para que no pudieran ejercer su derecho a voto. Allí, el oficialismo local se impuso por 62 votos.
Ahora, en medio de las irregularidades denunciadas, el Frente de Todos solicitará la impugnación en el Juzgado Federal de La Plata y en la Junta Electoral Provincial. La ley provincial N° 5109 establece de 1 a 3 años de prisión a quien retenga el documento de identidad de un elector impidiéndole votar.
Coudannes dijo que aportarán todas las pruebas que demuestran la veracidad de los hechos y presentarán un pedido de citación a los damnificados y la intervención de la Gendarmería Nacional al considerar que la policía distrital cometió irregularidades cuando los damnificados quisieron realizar la denuncia correspondiente.
“Lo sucedido es de una gravedad institucional sin precedentes y la justicia podrá ampararse en el artículo 133 de la ley 5109 que establece una pena con arresto de uno a tres años a quienes impidan al elector ejercer su voto al quitarle de su documento de identidad”, afirmó Coudannes.
Por su parte, Facundo Coudannes adelantó que en las próximas horas los apoderados presentarán en el juzgado Federal de La Plata y en la Junta Electoral Provincial un pedido de impugnación total del acto eleccionario en Maipú.
Asimismo, el candidato del Frente Todos agregó que aportarán todas las pruebas que demuestran la veracidad de los hechos ocurridos en Maipú y presentarán un pedido de citación a los damnificados y la intervención de la Gendarmería Nacional por considerar que la policía distrital cometió irregularidades al momento en que los damnificados quisieron realizar la denuncia correspondiente.
Finalmente Coudannes aclaró que “lo sucedido es de una gravedad institucional sin precedentes y la justicia podrá ampararse en el artículo 133 de la ley 5109 que establece una pena con arresto de uno a tres años a quienes impidan al elector ejercer su voto al quitarle de su documento de identidad.
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