Después de un año en el que la actividad del Congreso fue casi inexistente, y con un cuadro de situación más que complicado a raíz de la pesadísima herencia que dejará la gestión de Mauricio Macri, en el Frente de Todos ya se trabaja contrarreloj, para impulsar una serie de proyectos legislativos que resultarán decisivos para los primeros pasos de Alberto Fernández como presidente a partir del 10 de diciembre.
Es tal la necesidad por agilizar el tratamiento de leyes claves, que no se descarta que algunas de esas iniciativas puedan ser debatidas incluso antes del recambio de poder. Y por supuesto, se descuenta que el presidente electo convocará a sesiones extraordinarias apenas asuma, para avanzar con su agenda legislativa.
Según anticipa El Destape, entre las prioridades que impulsará el peronismo en las próximas semanas aparece un proyecto que ya lleva su tiempo a la espera: la Ley de alquileres (que el macrismo primero impulsó y luego congeló). Su principal operador es el diputado Daniel Lipovetzky, quien está con pie afuera de Juntos por el Cambio.
La iniciativa que lleva su firma satisface a los diputados del Frente de Todos y va en línea con la postura que tomará el gobierno de Fernández en materia habitacional, por lo que no debería extrañar que el peronismo termine acompañando el proyecto para que se apruebe antes de que deje la Cámara baja, como un gesto de despedida.
Otro proyecto que se encolumna con la idea de Fernández y podría tener tratamiento rápido antes del 10 de diciembre es la Ley de góndolas, que establece mecanismos para diversificar la oferta de productos de primera necesidad en los supermercados. Uno de los diagnósticos comunes en el Frente de Todos es que parte del problema del precio de los alimentos, uno de los más urgentes a resolver, tiene que ver con la concentración del mercado a manos de dos grandes empresas, por lo que esa ley sería una herramienta para empezar a desarmar esa posición dominante.
En tanto, también para el próximo mes se contempla el debate de una ley clave en materia económica para el gobierno entrante: el Presupuesto 2020, que Fernández dispuso discutir una vez que haya asumido la nueva composición del Congreso.
En cuanto al texto para “reperfilar” los vencimientos de deuda, que Mauricio Macri envió al Congreso después de las PASO, quedará descartado, aseguran desde el Frente de Todos. Fernández no quiere discutir condiciones hasta tanto no haya un consenso con los acreedores; prefiere negociar sin mostrar sus cartas y una vez que se haya llegado a un arreglo, referirlo al Poder Legislativo para que le dé validez. Así se hizo cuando él era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, con éxito. Se espera que el proceso de diálogo con los fondos de inversión tomará al menos seis meses, así que el Parlamento no se abocará a ese tema en el corto plazo.
Sí, en cambio, se discutirá antes de fin de año una batería de cuestiones que Fernández anunciará en su discurso de asunción, o poco antes, y que apuntan a mejorar la situación económica de los argentinos: ahí figura una reforma tributaria que contemple un aumento de retenciones al agro, mayores impuestos para las grandes fortunas y beneficios para las inversiones productivas, especialmente las PyMEs.
Asimismo, está en estudio un proyecto de reforma a la ley de hidrocarburos, para facilitar la llegada de financiamiento a yacimientos convencionales y no convencionales. Por último, se buscará la creación por ley de un Consejo Económico y Social: para encabezarlo, el presidente electo imagina a uno de sus rivales en la última elección, el economista Roberto Lavagna.
Por otra parte, un debate que ingresará al Congreso el 10 de diciembre y promete debates acalorados en el recinto es el de la creación de una Agencia Nacional de Seguridad que reemplazará en sus funciones al ministerio de ese nombre y a la Agencia Federal de Inteligencia, ex SIDE, y que tendrá el control de las fuerzas federales y sus respectivos órganos de vigilancia.
En el borrador que trabajan por estos días los equipos técnicos se prevé que participen de la Agencia representantes de todas las provincias, y que esté encabezada por un director con rango de ministro y nombrado por el presidente con acuerdo del Poder Legislativo. Hay consenso entre los distintos sectores del Frente de Todos en avanzar con esta reforma; no lo hay respecto al nombre que debería hacerse cargo de un lugar tan sensible. Alberto Fernández guarda bajo llave esa designación, con versiones que buscan instalar candidatos de un lado y del otro.