“Atención urgente respecto de la presunta existencia de un plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial de la República Argentina”. Así, con suma dureza, es el planteo básico que por primera vez en cuatro años la Organización de las Naciones Unidas (ONU) le transmite al gobierno de Mauricio Macri, al tomar como propias las reiteradas sospechas en el país sobre violación de la independencia de la Justicia.
De esta manera, queda demostrado que a contramano del sentido que pretendió siempre instalar Juntos por el Cambio, respecto a que su gestión mejoró la independencia judicial en la Argentina, el mundo analiza de una forma muy distinta esa bandera de quienes gobernaron desde 2015.
Tras una presentación formal de los abogados de la agrupación Abogados por la Justicia Social (AJUS), la Relatoría Especial para la Independencia de Magistrados y Abogados de la ONU, que encabeza el jurista peruano Diego García-Sayán, le otorgó un plazo de 60 días al Gobierno para contestar los cargos sobre presiones, arbitrariedades y manipulaciones.
A través de una carta dirigida al Ejecutivo nacional, se piden explicaciones acerca de un presunto “plan sistemático y estructural” de persecución a jueces y fiscales que no respondían a los designios de la Casa Rosada, y por la conformación de una justicia sometida a los designios del Gobierno.
Teniendo en cuenta que la administración macrista dejará el poder en algo más de un mes, se abre el interrogante acerca de si el presidente saliente responderá el grave problema internacional que se le presenta, o si -como se presume- pateará la responsabilidad del Estado argentino para su sucesor, Alberto Fernández.
En términos institucionales, para la ONU los responsables son los Estados, gobierne quien gobierne. Pero si Macri no responde a tiempo las sospechas de la Relatoría, el Estado deberá hacerlo de igual modo, pero bajo la jefatura de Fernández.
En ambos casos, el futuro presidente podrá hacer suya una herramienta valiosa, teniendo en cuenta que el peronismo denunció constantemente este tipo de política judicial del macrismo: por lo tanto ya no serán suspicacias del Frente de Todos las acusaciones sobre el funcionamiento de la Justicia adicta PRO, sino irregularidades consideradas como serias nada más y nada menos que por las Naciones Unidas.
“Los alegados actos de intimidación y presión a los diversos órganos que componen el sistema judicial argentino, tales como el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura, habrían socavado su independencia obstaculizando la posibilidad de una actuación imparcial en decisiones que afectan a los intereses del Poder Ejecutivo; así como disciplinando a los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo”, resumió García Sayán para reclamarle explicaciones al Estado argentino.
En tanto, pide información sobre la presunta existencia de un plan “sistemático del Ejecutivo para cooptar a la Corte Suprema, manipular el Consejo de la Magistratura, atacar a jueces porque no comulgaban con el Gobierno o porque fallaron en contra de medidas consideradas claves para la política económica oficial” y “para agredir especialmente a magistrados del fuero laboral y designar arbitrariamente jueces afines sin seguir las reglas”.
1 comentario
Que diga la ONU si son K!!