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23 noviembre, 2024
PAÍS

Por el espionaje que le hizo el rebelde Stornelli, el ex marido de la mujer del fiscal demandará al país

El piloto nacido en Perú pero integrante de la Marina de Estados Unidos, Jorge Christian Castañón, presentará en los próximos días una demanda contra el Estado argentino por el espionaje que sufrió a través de una orden ilegal del rebelde fiscal Carlos Stornelli.

Según revela hoy Raúl Kollmann en Página/12, la presentación estará a cargo del abogado Arturo Bayala ante la Corte Suprema de Justicia, porque Castañón estaba oficialmente en la Argentina como representante del gobierno de Estados Unidos, entrenando pilotos de nuestro país en la base naval de Punta Indio.

La trama de ese caso de espionaje ilegal fue descubierta en la investigación que lleva adelante el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, donde se descubrió que en los chats entre Stornelli y Marcelo D’Alessio, el fiscal le pidió al falso abogado que espíe a Castañón, anterior marido de la actual esposa de Stornelli.

A través de los chats que aparecen en la causa, queda claro que Stornelli, en alianza con D’Alessio, llegó al extremo de planear plantarle droga en una valija a Castañón. Lo más descabellado es que el motivo real de esa persecución del piloto peruano es porque se trata del ex marido de la actual esposa del fiscal. En otras palabras, Stornelli usó a la banda de D’Alessio para dirimir de forma ilegal una cuestión familiar, intentando meter preso al ex marido de su actual pareja.

En el expediente que lleva adelante Ramos Padilla, aparecen los mensajes que Stornelli y D’Alessio intercambiaron entre el 11 y 16 de enero pasado, a partir de un mensaje del fiscal en el que alude a la “presa”, y precisa que Castañón dijo trabajar primero para “la Marina” y luego para United Airlines, y que “siempre fue bagayero. Peruano. Nacionalizado. Reniega de su origen”, a lo cual D’Alessio replicó: “Yo me encargo”.

Tres días después, Stornelli le preguntó a D’Alessio: “Averiguaste algo del peruano?”, consulta que el falso abogado respondió dos días después. Replicó que trabajaría para United Express, a las órdenes de Andrew Ashbury, y que Castañón no trabajaría como empleado directo de United Airlines. “Consigue pasajes gratis y de upa. También con descuentos. Léase: Bagayero”, precisa.

Seguidamente, el fiscal Stornelli preguntó: “Qué se puede hacer?”, a lo que D’Alessio respondió: “Lo tenemos que ver personalmente.”.

El escrito judicial señala que después D’Alessio le envía un mensaje de voz por WhatsApp con más datos personales del piloto, a lo que el fiscal contesta: “Se puede advertir en algún lado del bagayo? O no vale la pena?”. Y la respuesta intimidante del ahora detenido espía y extorsionador fue: “Sí, yo le haría algo un poquito peor, por eso quiero hablarlo personalmente con vos, no por acá. Le pondría algo en la valija viste y ahí se deja de joder. Lo bloquea allá acá o donde vos quieras”.

Lo llamativo es que para Stornelli, los intercambios con D’Alessio corresponden “a la esfera íntima” de su familia, y así lo consignó en el escrito que presentó ante la Procuración General en cuanto estalló el escándalo. Para Ramos Padilla, por el contrario, reflejaría cómo D’Alessio trabajaba en las sombras a las órdenes del fiscal.

Ramos Padilla dejó sentado en su resolución que una de las acusaciones contra Stornelli tiene que ver con ese seguimiento de D’Alessio sobre las actividades de Castañón en el país y en el extranjero.

Para el juez, la trama alrededor de Castañón apunta a que Stornelli le habría ordenado a D’Alessio que buscara datos sobre ese piloto.

En resumen, Castañón plantea que fue víctima de espionaje ilegal siendo ciudadano y militar de otro país, registrado oficialmente, por lo que el caso tiene además implicancias diplomáticas. O sea, significa la violación de su intimidad por parte del Estado argentino y además –dice el piloto– tiene implicancias de país a país.

Según los trascendidos, el piloto evalúa no sólo accionar contra el país ante la Corte por las acciones de Stornelli, sino también baraja presentarse en las instancias internacionales. Persigue una condena penal pero también una indemnización por el perjuicio que, sostiene, le causó el Estado argentino.

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