“No logro comprender por qué motivo -jurídico- fui citada a prestar declaración indagatoria. Cumplí con absolutamente todos los deberes a mi cargo”. De esta manera, la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, intentó desentenderse de la gravedad de la causa por la que está imputada: presunto encubrimiento agravado del ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, ante la sospecha de que no lo investigó por presunto encubrimiento, y por la presunción de “negociaciones incompatibles con la función pública”.
La funcionaria se presentó hoy ante el juez federal Luis Rodríguez, en el marco de la causa abierta contra Aranguren, por beneficiar a la empresa Shell –de la que fue CEO y era accionista- con los aumentos de tarifas y la compra directa de gas a Chile.
En su presentación, Alonso negó los cargos que se le imputan y además pidió su sobreseimiento. “Ni encubrí una infracción de Aranguren, ni omití actuación alguna en la OA”, sostuvo en el escrito de 15 carillas entregado en el juzgado.
“Por el contrario, cumplí estrictamente con todos los deberes, obligaciones y funciones a mi cargo, como se desprende del expediente sustanciado. Por ende, ningún delito puede serme reprochado”, agregó la funcionaria, que es investigada en otras causas en el fuero.
Agregó que cumplió “con absolutamente todos los deberes a mi cargo, no omití ninguna actuación a la que estuviera legalmente obligada, y desempeñé mi función con total integridad, probidad y buena fe”, mientras destacó que el fiscal de la causa, su amigo, el rebelde Carlos Stornelli, no pidió su indagatoria.
Tras la indagatoria, el juez Rodríguez tiene 10 días hábiles para resolver si procesa, sobresee o le dicta la falta de mérito a Alonso y a Aranguren. El magistrado puede resolver el caso antes que el gobierno de Mauricio Macri deje el poder el próximo 10 de diciembre.
Alonso señaló que tras el trámite en la OA no se detectó que Aranguren haya violado la ley de ética pública. “No surgía su intervención en los expedientes promovidos por Shell ante el Ministerio de Energía y Minería ni en las operaciones de compra de gas oil a STUSCO (una compañía subsidiaria de Shell)”.
La funcionaria quedó alcanzada por una denuncia presentada en 2016 por los legisladores justicialistas Rodolfo Tailhade y Martín Doñate. Desde entonces, la investigación apuntó a determinar si Aranguren incurrió en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en relación con las decisiones tomadas durante su gestión, que habrían apuntado a beneficiar a la petrolera Shell, lo que supondría para él un beneficio económico al continuar siendo accionista del Grupo Royal Dutch Shell PLC.
En otras palabras, se trata de un hecho con el que el ex funcionario habría incurrido en “incompatibilidad para el ejercicio de la función pública y un conflicto de intereses”. En el caso de Alonso, la hipótesis de la Justicia es que, como titular de la OA, habría encubierto la conducta de Aranguren, cuando estaba obligada a investigarlo.