Se cayó otra operación de Bonadio y Stornelli contra Cristina: fue sobreseída en una de las causas en la que estaba imputada

Cristina Kirchner fue sobreseída en una causa en donde se la acusaba de haber querido eludir los embargos judiciales pasando sus bienes a nombre de sus hijos. El fallo lo firmó el juez federal Luis Rodríguez. La denuncia, de 2016, había tenido el impulso del ahora procesado fiscal Carlos Stornelli por la sospecha de “insolvencia fraudulenta”, luego de una serie de artículos periodísticos.

El magistrado argumentó que la cesión de derechos hereditarios gananciales que realizara la actual vicepresidenta en favor de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner tuvo lugar el 10 de marzo de 2016, y “en esa fecha no solo no se encontraba procesada –ni se había decretado embargo alguno sobre sus bienes– sino que ni siquiera había prestado declaración indagatoria”.

No obstante, Rodríguez admitió que ya había sido citada en febrero en la causa de dólar futuro y tenía otra convocatoria judicial cursada para para el 13 de abril. “No resulta un dato menor señalar que la causa denominada Los Sauces ni quiera había sido iniciada”, agregó el magistrado.

“El delito de insolvencia fraudulenta no se tiene como objeto para punir al insolvente, sino al deudor fraudulento que finge insolvencia o que realiza actos dispositivos de su patrimonio con el único propósito de eludir una obligación civil. Ello no ocurrió”, afirmó el juez.

“No pretendo desconocer que sí cedió la totalidad de los derechos que le correspondían respecto de la herencia de los bienes de carácter ganancial que integraron el patrimonio de la sociedad conyugal que mantuviera con su esposo y que esta cesión sí logró ser asentada en los registros de Río Gallegos”.

En su fallo, destaca que “sin desatender lo expuesto, no puedo dejar de señalar que si el magistrado (Claudio Bonadio) que intervino en la instrucción del sumario conocido como Los Sauces –y que se inició luego de la cesión– entendió como necesario adoptar medidas a efectos de preservar la situación de los bienes registrados a su nombre, para que durante el desarrollo de la investigación la encausada no intentara licuar su patrimonio y así frustrar el accionar de la justicia, tenía a su alcance el artículo 305 del Código Penal”, dijo.

Allí se establece que se pueden adoptar medidas de seguridad para asegurar la custodia y administración de bienes que se sospechan producto del delito, como la inhibición general de bienes. Esas medidas, dijo Rodríguez, Bonadio recién las ordenó en diciembre de 2016.

En esa línea, Rodríguez sostuvo que “no solo el patrimonio de Cristina Kirchner, sino el de la sociedad conyugal toda se encuentra al alcance del Estado si es que con él se debe responder a cualquier tipo de obligación que un accionar ilícito (que de momento no ha sido comprobado) pudiera, en un futuro, llegar a ameritar”.