La vicepresidenta Cristina Kirchner está decidida a no dejar pasar las mentiras de los medios hegemónicos. Hace dos días atrás había denunciado al Grupo Clarín y ayer lo hizo con el diario La Nación. Paralelamente el Tribunal Oral Federal dispuso dejar sin efecto la orden de prisión preventiva dispuesta contra la ex presidenta, en la causa que la tiene como acusada por la firma del Memorándum con Irán, una de las causas “inventadas” por el juez Claudio Bonadio.
El diario de los Mitre había titulado una nota que “Cristina Kirchner pidó que la OA yla UIF no intervengan más en el juicio por presunto fraude en la obra pública”. El titulo es mentiroso y la vicepresidnete utilizó la respuesta desde el sitio oficial de la web del Senado al afirmar que “Una vez más, La Nación engaña a sus lectores”. El texto dice: “En el día de la fecha, La Nación titula “Cristina Kirchner pidió que la OA y la UIF no intervengan más en el juicio por presunto fraude en la obra pública”. Dicho título difiere de la realidad ya que Cristina Fernández de Kirchner no realizó ninguna presentación sino que adhirió, como también lo hicieron otras defensas, a un pedido realizado por Mariano Fragueiro Frias, abogado de uno de los imputados en la causa. De esta manera, La Nación nuevamente engaña a sus lectores haciendo eje en la figura de Cristina en el título de la noticia cuando, párrafos más adelante, la nota explica que en realidad la vicepresidenta adhirió al pedido de una de las defensas”.
Paralelamente, los jueces del TOF 8 consideraron que no hay elementos que hagan presumir que Cristina Kirchner pueda fugar o entorpecer la causa y señalaron, además, que cumple un rol -el de vicepresidenta- por el cual “interactúa en dos de los tres poderes del Estado”: en el Ejecutivo, como directa posible reemplazante del Presidente, y en el Legislativo, como titular nato del Senado Nacional.
Aunque la denuncia inicial de 2015 fue desestimada, hubo otra que terminó en manos del juez federal Claudio Bonadio, quien procesó a la ex mandataria y ordenó su prisión preventiva recién casi tres años después -en diciembre de 2017- pero no se hizo efectiva la detención por los fueros con los que contaba como senadora.
En cambio, fueron detenidos otros imputados, como Timerman, el actual procurador del Tesoro, Carlos Zannini (entonces Secretario Legal y Técnico) y el dirigente de la agrupación Quebracho Fernando Esteche. También fueron procesadas otras personas, como el ex dirigente piquetero Luis D’Elìa, el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli y la ex Procuradora del Tesoro Angelina Abbona, pero sin prisión preventiva.
Por el caso de la AMIA hay circulares rojas de Interpol para detener cuando estén fuera de su país a media docena de jerarcas iraníes, acusados de perpetrar el atentado a la AMIA, entre ellos el ex embajador de Irán en la Argentina Hadi Solemainpour y el ex agregado cultural de esa delegación, Mohsen Rabbani.
Los delitos achacados fueron “traición a la patria, encubrimiento agravado por el hecho precedente y por su condición de funcionaria pública, y estorbar un acto funcional, los que concursan de manera ideal entre sí, calificación legal que se ha mantenido en la instancia revisora, con excepción del delito de traición a la patria que fue apartado” en otra instancia.
El cese de la prisión preventiva de Cristina Kirchner fue dispuesto por los jueces del TOF 8 José Michilini, Gabriela López Iñiguez y Daniel Horacio Obligado, este último con voto propio. Michilini y López Iñíguez sostuvieron en la resolución revelada por las fuentes judiciales que “no existen motivos fundados en la actualidad para sostener la presunción de fuga o entorpecimiento aludida, a la vez que resulta ineludible tener en vista la circunstancia extraordinaria de que la aquí imputada ha sido recientemente investida como Vicepresidenta de la Nación”.
La denuncia inicial la hizo Nisman en enero de 2015 y pocos días después el fiscal apareció muerto con un balazo en la cabeza en su departamento de Puerto Madero. Esa presentación fue desestimada por el juez Daniel Rafecas, designado procurador general (jefe de los fiscales), apoyado por la Cámara Federal porteña. Pero luego, en 2016, hubo otra denuncia de familiares de víctimas de la AMIA y de miembros de la comunidad judía a la que se le dio curso. La causa estuvo al principio a cargo del juez Ariel Lijo, pero luego pasó a Bonadio.
De esta manera, actualmente quedó en pie un solo pedido de prisión preventiva contra Cristina Kirchner: en la “causa de los cuadernos” de los supuestos sobornos en la obra pública, también dictada por Bonadio, aunque el tema está a revisión de la Cámara Federal de Casación Penal.