Por ahora, el proyecto es manejado con mucho hermetismo en la Casa Rosada, y no se descarta la posibilidad de que Alberto Fernández pueda anunciarlo el próximo 1° de marzo: el presidente les pedirá a sus funcionarios y legisladores que busquen consensuar con la oposición en el Congreso Nacional un proyecto para eliminar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para las elecciones legislativas del año próximo, o bien instrumentar una serie de modificaciones.
Los argumentos fundamentales son el alto costo que requiere su realización y el hecho de que, en algunas ocasiones, tal como ocurrió el año pasado, los partidos y los espacios políticos no las utilizaron para lo que fueron creadas: dirimir candidaturas.
Un interrogante para el debate es saber qué postura tomará la oposición, muy dispersa en la actualidad, y que podría utilizar esa herramienta electoral para unificarse. En el oficialismo nacional aseguran que ya se está discutiendo el tema, pero que todavía no hay consenso.
Fuentes cercanas a Fernández, revelan que la intención del Gobierno es habilitar el debate para una reforma o abolición del sistema de las PASO para validar candidatos en elecciones nacionales. En los despachos del área presidencial admiten la posibilidad de que el Poder Ejecutivo promueva una reforma de la ley vigente, para por lo menos reducir los plazos entre PASO y elecciones generales.
La legislación actual pone la fecha de la primera vuelta para las elecciones presidenciales en la última semana de octubre, es decir menos de 60 días antes del cambio de gobierno. Pero la ley posterior que creó las PASO abrió un lapso nuevo, que se extiende por unos cuatro meses.
Se sabe que, en general, en años electorales no se sancionan reformas de leyes de ese fuero. Esto significa que una reforma -de por lo menos las fechas de las PASO- tendría que ir al Congreso este año. Seguramente irá con la insistencia del Congreso para que en 2021 también se vuelvan a elegir diputados del Parlasur.
Las PASO fueron creadas después de la derrota legislativa de Néstor Kirchner en 2009, como un sistema de habilitación de los candidatos ganadores de las primarias, y un castigo a los perdedores, que quedan inhabilitados para competir. Se convirtieron en una estatización de las elecciones internas, hasta entonces patrimonio de las cartas orgánicas de los partidos.