Por Dante Augusto Palma. Apenas algunas semanas atrás, en este mismo espacio, comentábamos que, más allá de los adversarios políticos objetivos y externos que tendría el Frente de todos (FdT) era de prever que el mayor inconveniente estaría dentro del espacio. En aquel momento augurábamos que las tensiones podían mantenerse sosegadas en la medida en que el gobierno de Alberto pudiera encauzar económicamente al país de modo tal de poder revalidar en 2021 el triunfo de 2019. Dado que esa condición no es fácil de cumplir en tanto la herencia recibida es casi condenatoria, había buenas razones para estar preocupados. También en aquel momento aventurábamos que el gobierno de Alberto trataría de impulsar una agenda en línea con lo que se suele llamar “ampliación de derechos civiles” gracias a proyectos como el de legalización del aborto bajo la suposición de que la base de sustentación estrictamente peronista no alcanza y que hace falta apoyarse en el electorado progresista urbano, de clase media, con estudios universitarios, es decir, en aquel espectro que suele dominar últimamente cierto sentido común en el debate público.
Este giro socialdemócrata estaba ya presente en el gobierno de CFK, de modo tal que no es estrictamente adjudicable a Alberto, y se sostiene también en un cálculo electoral de dudosa justificación, máxime cuando un tema como el del aborto es probable que genere una grieta transversal, pero indagar en este aspecto es algo que haremos cuando lo oportunidad lo amerite.
Lo cierto es que a dos meses de asumido el gobierno, buena parte de lo que suponíamos se ha confirmado, si bien hay algunos agravantes que era imposible imaginar.
Nos referimos a la sensación de parálisis existente, una suerte de gobierno entre paréntesis a la espera de la renegocicación de la deuda. Porque es verdad que no hay presupuesto posible ni planificación alguna si no sabemos cuánto debemos destinar al pago de la deuda pero pareciera que el motor del gobierno está apagado y solo se encenderá una vez que, a fines de marzo, y ojalá así sea, tengamos, entre las manos, el resultado de la negociación. Esa parálisis tiene aspectos positivos porque paralizó también la inflación en tanto congeló la nafta, los servicios, los transportes, etc. Pero también congeló las paritarias y cada vez que se habla de la desindexación de la economía se hace referencia a desindexar los sueldos y las jubilaciones.
La situación es más preocupante cuando entendemos que a diferencia de otros gobiernos, el actual ha padecido un desgaste injusto producto de prácticamente haber sellado la elección en agosto de 2019. Y estos primeros dos meses han sido abundantes en gestos simbólicos pero no han sido audaces en intentar transformaciones estructurales de peso. Las líneas generales están claras, esto es, atender la urgencia de los que menos tienen, para lo cual se impulsó la tarjeta alimentaria, el bono para jubilados que cobren la mínima, etc., pero no mucho más que eso. Si tomamos en cuenta los primeros cien días de Macri, y cito de memoria, para esa fecha ya se había barrido con la ley de medios, se eliminaba el denominado “cepo” pagando todos los dólares que se exigían, se nombraban por decreto dos jueces de la Corte, y comenzaba una cacería moral, social y judicial sin precedentes en la historia democrática. Comparado con estos primeros sesenta días de gobierno de Alberto, la diferencia es abrumadora y resulta chocante observar cómo quienes deberían al menos responder alguna pregunta de la justicia, se encuentran vacacionando en Punta del Este o destinos exóticos. Una vez más, nadie exige sobrepasar los límites republicanos e intervenir en el poder judicial tal como hizo el gobierno anterior y menos aún estoy dando a entender que el tan temido Ministerio de la Venganza pueda haber devenido Ministerio de la Impunidad, pero el Estado como un todo, con todas sus instituciones, algunas dependientes del gobierno y otras no, tiene herramientas para investigar lo que ocurrió y tiene la gran oportunidad de hacerlo sin fraguar pruebas y sin crear estructuras mafiosas. Ojalá se pueda avanzar en ese sentido.
Y ya que hablamos de cacerías, caben unas líneas para un conflicto que el actual gobierno no preveía o al menos no imaginaba en esta magnitud y con esta celeridad: el de la existencia de presos políticos. Aquí hay razones atendibles de todas las partes porque resulta injusto hacer responsable al actual gobierno y pedir una intervención directa porque chocaría con límites legales pero, sobre todo, porque tendría un importante costo político. No obstante, en paralelo, se da una situación curiosísima: ministros del gobierno contradicen al presidente y afirman que efectivamente existen presos políticos. La situación es curiosa porque esos ministros estarían admitiendo que forman parte de un gobierno que tiene presos políticos pero al mismo tiempo no renuncian a su cargo. Se trata, evidentemente, de una situación muy particular y de difícil solución si bien entiendo que ninguno de los presos exige indulto sino un juicio justo cuyo veredicto puedan esperar en libertad. En lo personal, creo que ninguna causa es igual a otra y habría que evaluar caso por caso porque no es lo mismo el caso de Amado Boudou que el de José López, pero cada vez son más las pruebas que muestran que en causas como la del exvicepresidente y la de otros referentes del gobierno anterior, hubo un entramado mafioso entre sectores del poder judicial, un conjunto de periodistas y el gobierno de Macri. Llamémoslo “detenciones arbitrarias”, “presos políticos”, “dios” o “energía” pero lo cierto es que hay gente que está injustamente presa y está injustamente presa por pertenecer al espacio político del actual gobierno.
Siguiendo con las internas, en su momento decíamos que iba a haber un conflicto en el área de seguridad. Lo más preocupante no es que esto ya se haya explicitado sino que recién empieza.
El conflicto que parece estar demorado es el del gobierno con los movimientos sociales en tanto se los ha incluido, con recursos, a la estructura del Estado pero se tratará de un vínculo siempre en tensión y no parece una relación fácil de manejar en tiempos de escasez.
En cuanto a la interna que impulsa Clarín y sus repetidoras, esto es, la que habría entre el cristinismo y el albertismo, entiendo que es algo bastante más complejo. Es que el albertismo como tal todavía no existe, Massa está en silencio tejiendo un entramado de poder inteligente, hay figuras en cargos ejecutivos a distinto nivel que no atienden los teléfonos y se encierran en el microclima de técnicos y aduladores y hay sectores del peronismo que no son ni albertistas ni cristinistas y que han quedado desplazados (no precisamente porque esos lugares hayan sido ocupados por virtuosos seres de luz). Estos sectores, a los que se suman ciudadanos de a pie que tampoco exponen su incomodidad públicamente porque con buen tino reconocen que el gobierno recién asume, juzgan que en estos dos meses el gobierno ha sido mucho más tibio de lo que se esperaba y que quizás por ello no despierta la épica de antaño. Esta crítica viene de sectores cristinistas pero también de sectores peronistas que no se sienten representados por CFK. Olvidan que la “épica K” no comenzó en 2003 sino recién en 2008, cuando enfrente hubo un adversario identificable y homogéneo, pero no faltan a la verdad cuando sostienen que, al menos hasta ahora, en 2020, no existe el mismo fervor que en 2015 para defender al gobierno.
Y esto es un problema porque se necesitará mucho entusiasmo para lidiar con una parte de la herencia de Macri que no suele tomarse en cuenta. Es que a diferencia de lo que suelen decir algunos cínicos de la oposición, el gobierno de Macri no dejó la vara alta. Más bien, lo que ha dejado, es la paciencia baja. Demasiado baja.