Crece el pánico entre los jueces de Comodoro PY: están en pie de guerra contra la reforma judicial anunciada por Alberto

Así como desde los grandes medios se viene incentivando la vuelta del enfrentamiento entre el Gobierno y el “campo”, ahora es el turno de los jueces y juezas nacionales, que en medio de un más que evidente clima de tensión, están en pie de guerra con la imprescindible reforma judicial que confirmó Alberto Fernández en su discurso de ayer, y que se pondrá en marcha más temprano que tarde.

En líneas generales, el promover una serie de cambios que diluyan la concentración de decisiones en manos de jueces federales al fusionar fueros y competencias. Pero, claro, la reacción corporativa del Poder Judicial ante las transformaciones que se vienen no deberían llamar la atención, teniendo en cuenta que se trata de un sector que se caracteriza por su esencia conservadora.

Y si hubo algo que quedó en claro estos días, es que el grito en el cielo que pegaron algunos magistrados, tiene más relación con cuestiones que afectan el bolsillo y los privilegios. Uno de los argumentos más insólitos que se escucharon en la semana es que el recorte jubilatorio condiciona la independencia judicial, como quien amenaza con que podrá tomar represalias. En el fondo, es la misma lógica de los abusos propios la guerra judicial o lawfare desplegada durante el gobierno de Mauricio Macri.

Ya en los días previos jueces y fiscales agrupados en asociaciones varias salieron con los tapones de punta, argumentando que no habían sido escuchados por el Gobierno antes de impulsar el cambio en las jubilaciones. Sin embargo, en simultáneo, algunos de ellos llamaban a los despachos de manera insistente, con alegatos de defensa personal y colectiva.

“Si hacen esto voy a tener que dejar mi cargo en el Consejo de la Magistratura”, lo escucharon despotricar en un acto sincero a Ricardo Recondo acerca de su temor a perder esa porción de poder. Dicho sea de paso, es el mismo que, sin ponerse colorado, sostuvo que los jueces “viven al día”.

Fue el propio presidente quien puso la cuestión judicial en el centro de su agenda desde el día en que asumió. Frente a la defensa casi histérica de la familia judicial por las jubilaciones, reaccionó con furia y la intención de doblar sus apuestas. “Soy abogado y enseño Derecho. La Justicia necesita una revisión. Llegamos a un punto en que las cosas no están funcionando bien”, dijo Alberto.

Y la frase que mejor sintetiza su objetivo, y que surgió en su primer mensaje, es “nunca más a los sótanos de la democracia”. Aludía, como precisó, a la justicia contaminada por los servicios de inteligencia, los operadores judiciales y los ataques de los medios, las decisiones judiciales que siguen “los vientos” políticos, “las persecuciones indebidas y las detenciones arbitrarias”.

En este marco, los próximos días prometen un gran revuelo, con más jueces y juezas amagan con presentar renuncias mientras la discusión pasa al Senado, donde nuevamente las asociaciones y gremios intentarán llevar su posición. También anuncian que si el esquema se mantiene intacto habrá catarata de reclamos judiciales.

De todas maneras, los magistrados más moderados reconocen que “primero hay que ver la letra chica”.

Por ahora, se sabe que el interés del Gobierno pasa por fusionar los jueces penales en la Capital para que investiguen delitos cometidos por funcionarios en la administración pública para que las causas dejen estar en manos de los doce integrantes de Comodoro Py, y pase a “más de medio centenar de magistrados”.

Es que en solo en Capital Federal hay 12 juzgados de instrucción en Comodoro Py y otros 11 en el fuero Penal económico, mientas que hay 63 juzgados de instrucción para los delitos penales comunes y siete juzgados de menores.

“Para hacer una reforma se necesita plata. Justo lo que el Gobierno no tiene”, razonó un juez. “Una reforma sin dinero es un fracaso”, agregó otro. Esa reflexión no salió solo desde Comodoro Py. En provincia hay juzgados federales que se inundan o que tienen baños clausurados porque no hay plata para destaparlos. “Buscan hacer juicios por jurados y con qué plata se le va a pagar a esas personas. Está muy bien en la intención, pero complicado hacerlo en la práctica, sin siquiera consultarnos”, opinó un juez federal que trabaja en la provincia de Buenos Aires.

“Van a poner medio centenar de jueces federales en la Capital justo ahora que quieren avanzar con el sistema acusatorio en donde los protagonistas pasan a ser los fiscales. Es contradictorio”, se quejaba otro magistrado de Retiro. “El problema de Comodoro Py para el Gobierno tiene el nombre y apellido de algunos jueces. No sé qué van a mejorar pasando de 12 a 50 jueces. Tampoco explican qué va a pasar en los tribunales orales o con las causas que ya están en trámite”, opinó.