Los integrantes del Tribunal Oral Federal y el fiscal que tienen a cargo el juicio a Cristina Kirchner por la obra pública en Santa Cruz, tuvieron duro un cruce con la defensa de la funcionaria sobre cómo se desarrolla el proceso. “El fiscal necesita hacer un show porque sabe que no tiene pruebas”, dijo Carlos Beraldi, abogado de la vicepresidenta. Y agregó que el tribunal “necesitaba tener a Cristina Kirchner acá sentada pero no les sirvió para nada”.
El fiscal Diego Luciani le respondió que “tal vez el show lo hacen algunos abogados que van a la televisión”. Y los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso señalaron que las acusaciones son “mendaces y agraviantes”.
El cruce ocurrió en el marco de la declaración como testigo de Silvina Martínez, abogada de la ex diputada Margarita Stolbizer, y que presentó varias denuncias contra Cristina Kirchner y su familia.
La postura más crítica y dura la hizo Beraldi. “El fiscal no está buscando la verdad, necesita hacer un show porque sabe que no tiene prueba”, dijo el letrado, y agregó que “es muy poco serio que traigan una testigo como Silvina Martínez”. El abogado recordó que Martínez publicó el viernes pasado un mensaje en su cuenta de Twitter que decía “Próximo lunes 9 de marzo declaro en el juicio de obra publica. Hoteles k, los nexos con Baez, la fortuna de los kirchner…todo!!”.
Beraldi dijo que el objeto del juicio es la obra pública y no el resto de las causas. “Estamos perdiendo el tiempo de una manera descarada en donde traen gente que no puede aportar nada. No tienen un elemento concreto para aportar”, dijo enojado Beraldi. “Si tengo que responder las aberraciones jurídicas que hemos visto en estos cuatro años en la Argentina del lawfare, me insumiría más de una audiencia”, sostuvo.
Luego criticó al Tribunal. “El juicio empezó de una manera incorrecta porque necesitaban tener a Cristina Kirchner acá sentada, pero no les sirvió para nada”, dijo asignándole una intención política al tribunal que se vio frustrada por el triunfo del Frente de Todos en las elecciones presidenciales de octubre del año pasado. También sostuvo que el proceso comenzó cuando el peritaje más importante para el caso no había terminado y cuando había en la Corte Suprema de Justicia de la Nación recursos pendientes de resolución.
Martínez fue la quinta política que se presenta como testigo en el juicio: antes que ella declararon los diputados de Cambiemos Juan Carlos Morán y Fernando Sánchez, la propia Stolbizer y la diputada Mariana Zuvic. Y tal como pasó en los casos anteriores, tampoco pudo aportar nada ni respecto a los supuestos sobreprecios ni sobre obras que se habrían hecho mal o no se hicieron.
Es más, reconoció que en el equipo que conformaba con Stolbizer no hay ni un ingeniero ni un contador como para evaluar las obras. El testimonio desbordó la paciencia de varios de los defensores. Por eso estalló Beraldi, cuando dijo: “Estamos perdiendo el tiempo en forma descarada. No se habla de obra pública. Esto es un show”. Los jueces interrumpieron la audiencia, se reunieron durante dos horas, y volvieron apercibiendo al defensor de CFK.
El juicio trata sobre 51 obras viales que se hicieron en Santa Cruz durante el mandato de los Kirchner y con licitaciones que ganaron empresas en las que Lázaro Báez –el constructor con más empleados y maquinaria en la provincia– tenía todas o parte de las acciones. El punto de partida fue una auditoría ordenada por el ex titular de Vialidad Javier Iguacel, un día después de asumir. El estudio sólo encontró diferencias entre lo pagado y lo hecho del 0,1 %.
Los tres especialistas a cargo de la auditoría –designados por Iguacel– concluyeron que la diferencia era mínima y que los atrasos en las obras eran los habituales en todo el país y en cualquier otra empresa. Los fiscales, no obstante, consideraron que hubo sobreprecios y en ese terreno hay discrepancias en los peritajes. En este juicio, Cristina concretó un encendido alegato contra el lawfare, es decir que lo consideró como parte de la utilización de la Justicia para perseguir opositores.
Ayer Martínez no pudo aportar nada sobre las cuestiones decisivas. Cuando le preguntaron sobre los supuestos sobreprecios, ella dijo que sí, que existieron y que lo sabía porque eran diferentes los valores a los que se licitaba una obra y los valores que después se iban pagando. Las defensas le preguntaron si ella conocía el decreto 1295 de Eduardo Duhalde, que establece exactamente cómo se fijan los valores en tiempos de inflación, o sea cada vez que el atraso en el índice de la construcción es mayor al 10 %. La asesora de Stolbizer dijo que no conocía el decreto, que no había ningún contador o ingeniero en su equipo, de manera que no pudo responder ninguna pregunta técnica.
El próximo lunes está convocado Iguacel, ex titular de Vialidad y ex ministro de Energía, furibundo anti K, denunciante en este expediente y protagonista de una gestión desastrosa en todo lo que tuvo que ver con Vialidad. El día posterior a su asunción al frente del organismo, el 16 de enero de 2016, Iguacel ordenó la realización de la auditoría, no sobre la construcción de rutas en los 24 distritos del país, sino sobre un único distrito: Santa Cruz. Era por demás obvio que sólo quería apuntar al kirchnerismo y que su objetivo fue netamente político.
Precisamente, el juicio continuará el próximo lunes con la declaración como testigo de Iguacel, el iniciador de la causa.