El presidente Alberto Fernández sabe que los jefes comunales del Gran Buenos Aires son la clave para frenar la pandemia en el territorio. El viernes, en el medio del desastre por las colas de jubilados y pensionados en los bancos, se encargó de llamarlos personalmente para que les dieran una mano el fin de semana. Eso sucedió. Cada intendentes se preocupó que en su municipio hubiera sillas para los adultos mayores, un café o te, algunos con galletitas, para que les fuera más leve la espera y de paso controlar el distanciamiento.
Los intendentes conoce al vecino, se imaginaban que aunque no les correspondía ir el pasado viernes, iban a ir igual. Lo avisaron pero los responsables del operativo bancario no los escucharon. “Nuestros vecinos prefieren guardarse la platita en el bolsillo, desconfían de los cajeros automáticos y además en muchos de los negocios de los barrios populares no se aceptan tarjetas”, dijo 
un jefe comunal. Por suerte, el tema fue solucionado.
Otro de los temas que preocupan a los intendentes y que se lo transmitieron al presidente es el tema de los aumentos de precios. En las videoconferencia de la semana pasada, los jefes comunales contaron qué ellos van a los negocios con la lista de Precios Cuidados pero que no tienen el poder de multar a ningún comercio, ya que la ley de Abastecimiento no los autoriza. “Todos los días recibimos innumerable cantidad de denuncias sobre aumentos desmedidos en el precio de productos esenciales, como carne, verdura, lácteos y artículos de higiene y farmacia, pero no podemos hacer nada”, dijo Fernando Gray, de Esteban Echeverría.
El presidente decidió modificar en las últimas horas, la Ley de Defensa de la Competencia, de manera que los jefes comunales puedan aplicar multas y otras sanciones a los comercios que aumenten los precios en forma injustificada.
El acceso a los alimentos es el primer requisito para que las personas puedan circular lo mínimo. Por esto el Estado nacional duplicó desde el 20 de marzo su gasto en refuerzos alimentarios y transfirió dinero a los hogares de menores ingresos mediante el bono para la Asignación Universal por Hijo y los beneficiarios de planes sociales, el bono para jubilados y el Ingreso Familiar de Emergencia para los monotributistas que se quedaron sin recursos por el parate. Esas medidas de respaldo están en peligro de perder su efectividad con el aumento de los precios, dicen los jefes comunales.
Jorge Ferraresi, de Avellaneda, Mayra Mendoza, de Quilmes, Lucas Ghi, de Morón, Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas, Mario Secco, de Ensenada y Mariano Cascallares de Alte. Brown, entre otros apoyaron la iniciativa. La modificación de la ley, no solo cayó bien en los intendentes peronistas, sino también en los de la oposición. Jorge Macri, de Vicente Lopez, Néstor Grindetti, de Lanús y Diego Valenzuela, de Tres de Febrero, apoyaron la iniciativa.
Mientras tanto, los jefes comunales están preocupados porque la pandemia los obligó a duplicar el gasto, tanto en comida como en salud, pero los ingresos a través del ABL disminuirán entre el 30 y el 50 por ciento en abril. Muchas comunas en mayo tendrán problemas para abonar los sueldos, aunque confían que la Provincia adelantará dinero ante la emergencia.