Hace pocos días se conoció un audio del Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, ordenándole a los fiscales y defensores Generales que, pese al coronavirus, no vayan a otorgar prisiones preventivas a los presos bonaerenses.
El hombre del Opus Dei y funcionario de la ex gobernadora María Eugenia Vidal calificó de “miserias humanas” que no merecen arrestos domiciliarios, ni beneficios o reducciones de penas. Para Conte Grand los pedidos de los abogados y algunas organizaciones de derechos humanos no lo hacen creyendo “en el bien al prójimo”, sino por razones “perversas y viles”.
El Procurador amenazó a los funcionarios que no otorguen medidas a favor de los presos, ya que el “ordenará aplicar todos los mecanismos del sistema para revertir casos en las que las excepciones no son viables”.
El gobernador Axel Kicillof recordó hace pocos días que el sistema penitenciario en la provincia tiene capacidad para 24.000 detenidos y en estos momentos hay 46.000 presos. Para Conte Grand que haya el doble de detenidos de la capacidad en los penales nos es un problema que le preocupe.
El audio fue hecho público por la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y es parte de una videoconferencia que mantuvo el Procurador con los fiscales y defensores, quienes en su mayoría le recordaron el hacinamiento y la inexistencia de mínimas condiciones sanitarias que convierten a estos ámbitos en lugares óptimos para el contagio y la propagación de la epidemia, dada las particulares características de su transmisión, constituyendo además un peligro sanitario para la sociedad en su conjunto.
La AJB sostiene junto a la Federación Judicial Argentina, La Comisión Provincial por la Memoria, el CELS y otras organizaciones, el trato de estándar mínimo exigido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para los detenidos.
La AJB considera que la actuación del Procurador Conte Grand y el silencio de muchos fiscales y defensores ante la imposibilidad de garantizar el derecho básico de los detenidos y la igualdad ante la ley, debería ser razón más que suficiente para que se evalúe la necesidad del juicio político del Procurador.