La idea de poner en marcha un impuesto a las grandes fortunas, empieza a tomar forma. En una carrera contrarreloj, desde el oficialismo se están dando los últimos retoques para la elaboración de un proyecto que permita buscar fondos donde los hay: en las cuentas de las personas más ricas del país. De esta manera, el tributo a las grandes fortunas se impone como una de las soluciones para financiar la emergencia sanitaria que generó el coronavirus.
Teniendo en cuanta que se desconoce cuánto se prolongará el peligro del virus y sus consecuencias sobre la actividad económica, el Gobierno requerirá de mayores recursos para ayudar a los más vulnerables y sostener la compra de insumos médicos. El freno en la mayoría de los comercios y fábricas redujo sustancialmente la recaudación, por lo que se hace imprescindible en este momento suplir ese faltante.
Mientras se debate la cuestión impulsada por el diputado Máximo Kirchner sobre cuál sería el piso de esas grandes fortunas, por ahora existiría un generalizado consenso entre los legisladores del Frente de Todos, de que debería empezar a aplicarse sobre quienes tienen, como mínimo, 1 millón de dólares. Y se estima que, según se establezcan las alícuotas, permitiría recaudar hasta 3.800 millones de dólares.
Por ejemplo, la idea del diputado Darío Martínez es implantar un impuesto a las personas cuyos patrimonios superen el millón de dólares con un triple objetivo: impulsar la inversión privada, obtener financiamiento para el Estado y aumentar la recaudación. El mecanismo que propone es el “pago a cuenta de impuesto”
La propuesta del legislador surge del Anuario Estadístico de la AFIP de 2017 que reportó que “apenas 32.484 contribuyentes argentinos declararon patrimonios superiores a un millón de dólares, todos los cuales sumaban 104.000 millones de dólares”.
Martínez sostiene que este impuesto debe ser progresivo, o sea, que no es igual quien tiene 1.000.001 dólares que fortunas como las de Paolo Rocca, titular de Techint, que superan los 8 mil millones de dólares.
Por su parte, en un minucioso informe elaborado por la diputada Fernanda Vallejos, titular de la comisión de Finanzas de la Cámara baja, se destaca que “en Argentina, según datos de AFIP, del total de la riqueza declarada por residentes, el 40% se encuentra fuera del país. Además, el 70% de los activos externos contabilizados por el Indec no están declarados”.
Asimismo, pone de relieve que “para fines de 2019 los argentinos tenían activos en el exterior por U$S 399.550 millones, un 47% más que al final de 2015. Estimamos que no menos de U$S 235.000 millones no están declarados. Por eso, el Estado se estaría perdiendo de recaudar cerca de U$S 1.200 millones de bienes personales”.
Y sostiene que “un gravamen extraordinario de 1% sobre las grandes riquezas en el país y en el exterior, sólo considerando los 3 tramos superiores de ingresos –las declaraciones de apenas unas 15.000 personas- permitiría recaudar unos US$ 800 millones. Naturalmente, los montos podrían ir mejorando si se aplicaran alícuotas diferenciales en sentido progresivo, elevándolas para cada tramo de ingresos. Del mismo modo, si las alícuotas fueran el doble para el caso de la riqueza exteriorizada, un impuesto del 1% (2% para bienes en el exterior) aportaría unos U$S 1.435 millones”.
Para Vallejos, “el escenario más conservador del impuesto extraordinario (1% para todos los tramos, sin escala progresiva, sin diferencial para los bienes en el exterior) permitiría incrementar casi en un 50% la asistencia a las provincias prevista en $ 120.000 millones. Agregar 1 punto porcentual de alícuota para cada tramo de ingresos para los bienes en el país y duplicarlas en el caso de los bienes exteriorizados, permitiría recaudar algo más de US$ 3.800 millones”.