Mientras que en tiempos de Mauricio Macri la inactividad del Congreso era prácticamente nula, los ahora opositores de Juntos por el Cambio se rasgan las vestiduras exigiendo la urgente convocatoria a sesionar a pesar de las dificultades que genera el aislamiento obligatorio por el avance del coronavirus, y hasta se animan a lanzar acusaciones de autoritarismo contra el gobierno de Alberto Fernández.
Otro tanto se encarga de hacer el diario Clarín, que el último domingo tituló en su portada: “Alberto F. firmó un récord de DNU y piden que funcione el Congreso”, haciendo referencia a los 32 decretos de necesidad y urgencia en sus primeros 4 meses de gestión.
En medio de la pandemia, la amplísima mayoría de esos DNU están vinculados a esa problemática, como el 297 (que decretó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio), el 274 (prohibió el ingreso a la Argentina de extranjeros no residentes), 320 (suspensión del valor de los alquileres) y el 329, que prohíbe los despidos y suspensiones de personal por 60 días.
Cerca del presidente justificaron la cantidad de DNU durante la emergencia. “Hay que tomar medidas urgentes y no hay tiempo para que el Congreso sesione y delibere”, dijeron en el Gobierno. “Igual todo lo que se decretó se avisó antes y se buscó consensuar con la oposición. Hubiéramos preferido gobernar sin coronavirus, pero es lo que nos tocó”.
Y mientras se levantan algunas voces desde Cambiemos advirtiendo sobre la parálisis que embarga al Poder Legislativo en el marco de la crisis sanitaria que vive el país a raíz del coronavirus, Cristina Kirchner tomó la iniciativa y, ganándoles de mano, decidió pedir a la Corte Suprema de Justicia una declaración de “certeza de constitucionalidad” para resolver si el Congreso puede sesionar por videoconferencia.
El objetivo es que el máximo tribunal se expida acerca de si es legal una sesión on line en aquellas materias que no puedan ser reguladas por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), como impuestos.
Los reglamentos de ambas Cámaras legislativas prohíben las sesiones no presenciales en el recinto parlamentario, por lo que cualquier votación mediante la utilización de medios virtuales correría el riesgo de ser declarada nula.
Además, una reforma reglamentaria debería ser votada de manera presencial por los dos tercios de los presentes en el recinto, algo que en la actual situación de distanciamiento social preventivo parecería difícil.
Teniendo en cuenta que esta situación se extenderá seguramente más allá del plazo que se puso en esta tercera instancia del aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno nacional, y la necesidad que tiene el propio Poder Ejecutivo de aprobar medidas que están más allá de lo que puede hacer con los DNU -puntualmente el impuesto extraordinario que se está elaborando en la Cámara baja para aplicar a las grandes fortunas del país-, las autoridades legislativas han puesto manos a la obra para analizar alternativas.
En las últimas horas, diputados de Juntos por el Cambio le pidieron al titular de la comisión bicameral de Trámite Parlamentario, Marcos Cleri (Frente de Todos), que llame a una reunión para analizar los decretos de necesidad y urgencia firmados por el Poder Ejecutivo para contener el avance del coronavirus, por considerar que “están vencidos los plazos” para su tratamiento en ese cuerpo.
La nota enviada lleva las firmas de los radicales Gustavo Menna y Luis Petri, y de los macristas Omar de Marchi y Pablo Tonelli.
“La emergencia no justifica omitir el rol de contralor que le corresponde al Congreso y mucho menos el de fiscalización del ejercicio por parte delpPresidente de atribuciones que son propias del Poder Legislativo”, consideran los opositores.
En esa misma línea, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, dijo que Alberto Fernández “está gobernando con DNU”, y planteó la necesidad de que el Congreso de la Nación vuelva a funcionar, en el marco de la pandemia del coronavirus.
“Si el Gobierno está gobernando con DNU, el Poder Judicial está prácticamente cerrado y el Congreso está clausurado, queda un sólo poder. Eso no es bueno, creemos que la democracia es un servicio esencial para los argentinos”, dijo la ex ministra de Seguridad en declaraciones a TN.