La Comisión Provincial por la Memoria criticó, mediante un duro comunicado, al procurador general Julio Conte Grand por sus cuestionamientos contra los pedidos de defensores oficiales que reclamaron beneficios procesales para internos del Servicio Penitenciario Bonaerense que tienen riesgo sanitario por Coronavirus.
“En estos días el procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, calificó estos pedidos de los defensores oficiales como ´desvíos´ y ´miserias humanas´, cuestionándolos por hacer lo que deben: velar por los derechos de sus asistidos, lo que en este contexto significa proteger su integridad física y su vida. Las expresiones vertidas preocupan por el contexto crítico en que se inscriben, pero a la vez evidencian un problema grave y estructural que es el de la falta de autonomía de la Defensa Pública”, sostiene la CPM.
Agrega después que las declaraciones del Procurador “son particularmente graves en tanto constituyen la persecución de defensoras y defensores de derechos humanos, lo que entre otras cosas podría acarrear la responsabilidad del Estado Argentino ante los organismos internacionales de derechos humanos”.
Para la Comisión, el accionar de Conte Grand “contraría las obligaciones legales establecidas en la ley 14.442 que regula el funcionamiento del Ministerio Público y establece que el Procurador debe actuar con legitimación plena en defensa de los intereses de la sociedad y en resguardo de la vigencia equilibrada de los valores jurídicos consagrados en las disposiciones constitucionales y legales”.
En este sentido, la Comisión reiteró que la “concentración en cabeza del Procurador General de la dirección del Ministerio Público Fiscal y el de la Defensa conspira y ha conspirado históricamente contra la igualdad de recursos que requiere un sistema penal equilibrado”. Y remarcó que “a nivel nacional la Procuración General y la Defensoría General son organismos autónomos, separados uno del otro”.