Los medios de comunicación mostraron ayer a unos 150 internos de la Unidad 10 de Melchor Romero en los techos de la cárcel protestando y pidiendo que se le otorguen prisiones domiciliarias. Más allá de la pandemia del coronavirus, los presos están al tanto de las declaraciones del Procurador Julio Conte Grand, un hombre del Opus Dei y la ex gobernadora María Eugenia Vidal, quien calificó de “miserias humanas” a los defensores y fiscales que otorguen arrestos domiciliarios o beneficios en las penas de los reclusos. Para Conte Grand los pedidos de los abogados y algunas organizaciones de derechos humanos no es por “en el bien al prójimo”, sino por razones “perversas y viles”. Como si fuera poco amenazó a los funcionarios que no otorguen medidas a favor de los presos, ya que el “ordenará aplicar todos los mecanismos del sistema para revertir casos en las que las excepciones no son viables”.
Por estas horas se conoció un nuevo escándalo que compromete seriamente al Procurador cuando intentó meter preso a la familia Moyano por orden del entonces presidente Mauricio Macri. La defensa de Hugo y Pablo Moyano, a cargo del abogado Daniel Llermanos, presentó un detallado escrito sobre los engranajes del gobierno nacional, algunos medios de comunicación y la labor de Conte Grand para “detener” en forma ilegal a los Moyano.
El relato es increíble. En primer lugar negocian con el líder de la barra brava de Independiente, “Bebote” Alvarez para que presente “pruebas” y rápidamente el fiscal Sebastián Scalera pide la detención al sumar a su acusación a otros barras que venían con graves problemas judiciales. Paralelamente, los medios dominantes presionan para la detención de los Moyano pero se encuentran con el digno juez Luis Carzoglio que no acepta “las pruebas truchas”. Como si fuera poco, al juez lo amenazan dos agentes de la AFI en su despacho en nombre del presidente Macri.
A partir de ese momento, el Procurador Conte Grand se convierte en uno de los engranajes para destituir al juez y avanzar con la detención de los sindicalistas. En el expediente hay un video de Conte Grand con definiciones públicas que, de mínima, debiera explicar: “hay pruebas para que (Moyano) esté imputado, y hay pruebas para que esté detenido”. Luego agrega: “mis fiscales tienen la instrucción muy clara y categórica como para salir del principio que es la libertad, y pasar a la excepción, que es la privación de la libertad”. Toda esta declaración pública la hace en el programa de Marcelo Bonelli, el hombre del Grupo Clarín.
Llermanos muestra otra decena de irregularidades en la tramitación del expediente. Veamos algunas:
-MM, un abogado independiente que ingresó a la AFI en septiembre de 2016 y que operó bajo el pseudónimo FM, denuncia que su superior, el Director de Operaciones Especiales, le pidió que direccione la declaración de su cliente, el barra Lagaronne, para que acuse a los Moyano. La orden tiene nombre y apellido: “es el interés del presidente Macri, que Moyano vaya preso”. En paralelo, y por los medios, el titular del Ejecutivo denunciaba a Hugo y Pablo Moyano de ser responsables, por el costo del transporte, de las penurias económicas de los empresarios y de la suba de los precios que golpeaba a los argentinos.
-El apriete al Juez Carzoglio es historia más conocida. En octubre de 2018 el magistrado desestimo el pedido de Scalera para detener a Moyano. Lo hizo denunciando al Procurador Conte Grand y a la AFI de haberlo extorsionado. Según sus dichos, dos funcionarios de la secretaría de inteligencia, SD y FdP, fueron a visitarlo para llevarle el mensaje del Presidente Macri: “los quiere presos”. Un tiempo después, el ex titular de la AFI, Gustavo Arribas, admitió la visita ante la bicameral del Congreso. Aunque las asoció con otro procedimiento, confirmó que existió la reunión que denunció el juez Carzoglio. ¿Cuál sería la necesidad procesal para que la AFI ‘visite’ al Juez?
Julio Conte Grand todavía hoy continua como Procurador. La pandemia del coronavirus ha postergado su juicio político. La ex gobernadora ordenó a su tropa en la Legislatura que deberán defenderlo a capa y espada. El Procurador sabe que hoy Juntos para el Cambio tiene mayoría e impediría su destitución, pero también sabe que si en la próximas elecciones el Frente de Todos gana cambiará la proporción del Senado, con lo cual deberá renunciar si no quiere perder la millonaria jubilación.