Un grupo de abogados le reclamó a la Corte Suprema que cese la feria judicial y se reanuden las tareas en los tribunales en materia penal. No tuvo efecto, por ahora, ya que la Corte la extendió hasta el 10 de mayo próximo, de acuerdo a la prórroga que dispuso el Gobierno por la pandemia del coronavirus. Se trata de los grandes estudios de las corporaciones, y de unos cuantos representantes legales de represores y genocidas, pasando por abogados vinculados al PRO y al ex presidente Mauricio Macri.
Se presentaron como “Abogados y Abogadas independientes dedicados a litigar en materia penal” pero muchos de ellos están ligados al Colegio de Abogados de la calle Montevideo, en la Ciudad de Buenos Aires, la entidad de lobby de los estudios de la city porteña y defensores de genocidas.
Según precisa hoy “El Destape” en una nota firmada por los periodistas Ari Lijalad y Franco Mizrahi, uno de los firmantes que encabeza la petición elevada a la Corte Suprema es Alejandro Carrió. Integrante del estudio Carrió y Garay, fue abogado de Clarín durante la obstaculización que hizo el multimedios de la implementación de la Ley de Medios y fue representante legal de Marcela y Felipe Noble Herrera, los hijos adoptados por la ex dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble.
El abogado Ricardo Rosental, quien se ocupó personalmente de proteger a Mauricio Macri y a sus hermanos en varias causas de corrupción y en los Panamá Papers, también firma el documento.
Otra firma que se lee en el pedido a la Corte es la de Ricardo Gil Lavedra, defensor de intereses corporativos, y con un rol clave en la persecución a opositores durante su paso como funcionario de Macri y los millones a dedo que recibió en ese período.
El otro nombre importante es José Alfredo Martínez de Hoz, hijo de su padre homónimo, ejecutor del plan de miseria planificada de la última dictadura cívico militar. Pero no es sólo el hijo. Fue, hasta hace poco, uno de los socios del poderoso estudio PAGBAM, siglas de los apellidos Jorge Pérez Alati, Mariano Grondona también hijo, Manuel Benites y Alan Arnsten. La M final era de Martínez de Hoz, que se abrió en 2018 para armar un nuevo buffete junto a Pablo Rueda. El PAGBAM fue uno de los arietes para recaudar fondos para las campañas de Macri, así como el estudio que participó desde el acuerdo con el fondo NML de Paul Singer a la venta de Telecom al fondo Fintech.
Santiago Blanco Bermudez y Julián Subías son los abogados del ex Jefe de Contrainteligencia de la SIDE, Horacio “Jaime” Stiuso, y se suman al reclamo para que se reanuden las tareas judiciales en plena pandemia. Entre otros casos, representan al espía en el D’Alessiogate. También firman el pedido Mauricio de Nuñez y Guido Sciarreta, los abogados del operador periodístico Daniel Santoro por su participación en la red de espionaje ilegal en torno a Marcelo D’Alessio.
Firma también Denis Pitté Fletchner, que fue quien le inició una causa penal a Gustavo Beliz en 2004, cuando era ministro de Justicia y mostró la foto de Stiuso en el programa de Mariano Grondona. Hace poco escribió: “Hasta la figura del papa Bergoglio se ha encolumnado detrás de los malhechores antirepublicanos, abrazándose con los Castro, con Maduro, con Correa, con Morales, con Cristina Fernández, y con cuanto encumbrado ideólogo del socialismo se cruce en su camino”.
Juan María del Sel encabeza la nómina con su firma. Integra el estudio Fontán Balestra & Asociados, que defendió a Paolo Rocca, CEO de Techint, en la causa de las fotocopias de los Cuadernos. Este estudio, según su página web, tiene por clientes a bancos primera línea, empresas nacionales y extranjeras, servicios de medicina prepaga e instituciones médicas, estudios jurídicos, compañías de televisión abierta y de cable, medios gráficos y radiales de comunicación, empresas de construcción, empresas de transporte aéreo, empresas de servicios públicos, compañías petroleras, etc.
Casi todos los integrantes de esa comisión del Colegio de Montevideo suscribieron la misiva. Como el abogado Alejandro Freeland, del estudio Freeland, quien llegó a afirmar en declaraciones públicas que “Chocobar está justificado doblemente”, por matar a un delincuente por la espalda. En una entrevista con el diario La Prensa, intentó explicar: “Por actuar en legítima defensa y en cumplimiento de su deber”. En 2015 fue candidato a presidente del Jockey Club, pero quedó tercero.
También firma el documento Zenón Alejandro Ceballos, el abogado de Carlos Wagner, ex titular de la Cámara de la Construcción, en la causa de las fotocopias de los cuadernos, quien además fue parte de la alianza entre el PRO y Gente de Derecho para el Colegio Público de Abogados de la Capital.
Otra de las firmas es la de Hernán Prepelitchi, abogado de la ex titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso, en una denuncia contra el juez Luis Rodriguez, que procesó a la ex funcionaria por su actuación en el conflicto de interés del ex ministro de Energía Juan José Aranguren.
Manuel J. Romero Victorica y Juan Pablo Vigliero, del estudio Casal, Romero Victoria y Vigliero Abogados, son otros dos abogados que se sumaron al reclamo a la Corte. El estudio representó a Sandra Arroyo Salgado en causa que se abrió por la muerte del fiscal Alberto Nisman. Según la página del estudio, desde el año 1987 a 1991 Romero Victorica integró la Dirección de Asuntos Jurídicos de la empresa automotriz multinacional “Sevel Argentina S.A.” (Fiat-Peugeot), llegando a ocupar la posición de Abogado senior de la firma. En 2001, Mauricio Macri fue procesado por contrabando, al ser considerado responsable de cobrar reintegros por exportaciones e importaciones de autopartes de Sevel al Uruguay.
Por su parte, el ex juez Oscar Mario Salvi es otro nombre conocido en tribunales. En su estudio, que lleva su apellido, se formó la N°2 de la UIF macrista, María Eugenia Talerico. Es el estudio que defendió al banco HSBC. Salvi fue abogado de Carlos Menem, entre tantos otros.
Marta Nercellas, que también rubricó la petición, fue abogada de la DAIA. Estaba relacionada al policía Jorge “Fino” Palacios. Fue una de las personas que dijo públicamente que Nisman le contó que iba a denunciar a CFK por el Memorándum. También figura Jorge Kirszennsum, ex titular de la DAIA, y quien fuera abogado del ex presidente Fernando De la Rúa.
Firman el pedido Guillermo Arias, Santiago Vidal Albarracín, Juan Martín López Quesada, Diego Seitún, Justo Lo Prete y Nicolás Durrieu, todos del estudio fundado por Roberto Durrieu, subsecretario de Justicia de la última dictadura cívico militar. El periodista Walter Goobar publicó que, “en 1987, Durrieu fue uno de los firmantes de una escandalosa solicitada en la que expresaba solidaridad y reconocimiento con Videla, quien dos años antes había sido condenado en el Juicio a las Juntas”.
También Eduardo San Emeterio, abogado de genocidas. El portal desaparecidos.org informa que antes de dedicarse a la abogacía fue parte de los servicios de inteligencia y, a partir de 1976, de un Grupo de Tareas responsable de numerosos secuestros y asesinatos.
Fernando Goldaracena fue abogado del ex almirante Armando Lambruschini en el Juicio a las Juntas. Como no podía ser de otra forma, integra la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados de la calle Montevideo y firma.
También figura Guillermo Jesús Fanego, otro abogado de genocidas, de los más duros e inescrupulosos durante los juicios por delitos de lesa Humanidad.
Maximiliano Frola es hijo de Edgardo Frola, funcionario de la dictadura militar en la provincia de Buenos Aires. Milita en el estudio Saint Jean y Maggio. El primer apellido es de una de las familias más sanguinarias de la última dictadura y, de hecho, participan de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia que se dedica a reivindicar el genocidio.
Edgar Schiavone, también abogado de represores, puso su nombre. Y Elena Rita Genise, que cumple la doble condición de defensora de represores y PRO. Macri la designó en la Agencia Nacional de Discapacidad cuando estaba “casada con un oficial del Ejército, a quien defendió hace un año y medio en Córdoba en un juicio de lesa humanidad”.
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A ESTOS DOS LADRONES HAY QUE INSENDIARLOS Y TIRALO AL BASURAL