La semana próxima, o “no más allá de diez días”, Alberto Fernández pondrá en discusión del Congreso nacional su propuesta de reforma judicial, anuncio que realizó el 1 de marzo en la apertura de sesiones legislativas y al que también aludió en diciembre pasado cuando asumió como presidente.
“Al proyecto ya lo tenemos hecho, pero nos sorprendió el coronavirus”, aseguran cerca de Fernández, que días atrás reconoció que ésta es una de las iniciativas que apurará de inmediato, en paralelo con la políticas relacionadas a la emergencia sanitaria y a la necesidad de reactivar la economía.
La reforma, dijo el mandatario, “trata de ordenar el sistema, terminar con esos espacios cerrados que le permitían a pocas personas manejar un poder enorme”. La desconcentración, entonces, del fuero federal y un reordenamiento general en los tribunales con redistribución de competencias, asoman como ejes del proyecto oficialista.
“Hoy no existe una mesa judicial ni un sistema de presión del gobierno sobre la justicia”, dijo también Alberto, para diferenciarse de lo que fue la gestión de Cambiemos, cuando se presionaba burdamente a jueces o se acordaba con ellos para perseguir a opositores.
Claro que la anunciada reforma ya generó un más que evidente clima de tensión en la corporación judicial, al haber trascendido una serie de cambios que diluyan la concentración de decisiones en manos de jueces federales al fusionar fueros y competencias. Pero, claro, la reacción corporativa del Poder Judicial ante las transformaciones que se vienen no deberían llamar la atención, teniendo en cuenta que se trata de un sector que se caracteriza por su esencia conservadora.
Y si hubo algo que quedó en claro apenas se conoció el objetivo del Gobierno, es que el grito en el cielo que pegaron algunos magistrados tiene más relación con cuestiones que afectan el bolsillo y los privilegios. Uno de los argumentos más insólitos que se escucharon es que el recorte jubilatorio condiciona la independencia judicial, como quien amenaza con que podrá tomar represalias. En el fondo, es la misma lógica de los abusos propios la guerra judicial o lawfare desplegada durante la gestión de Mauricio Macri.
Ya jueces y fiscales agrupados en asociaciones varias salieron con los tapones de punta, argumentando que no habían sido escuchados por el Gobierno antes de impulsar el cambio en las jubilaciones. Sin embargo, en simultáneo, algunos de ellos llamaban a los despachos de manera insistente, con alegatos de defensa personal y colectiva.
Fue el propio presidente quien puso la cuestión judicial en el centro de su agenda desde el día en que asumió. Frente a la defensa casi histérica de la familia judicial por las jubilaciones, reaccionó con furia y la intención de doblar sus apuestas. “Soy abogado y enseño Derecho. La Justicia necesita una revisión. Llegamos a un punto en que las cosas no están funcionando bien”, dijo Alberto.
Y la frase que mejor sintetiza su objetivo, y que surgió en su primer mensaje, es “nunca más a los sótanos de la democracia”. Aludía, como precisó, a la justicia contaminada por los servicios de inteligencia, los operadores judiciales y los ataques de los medios, las decisiones judiciales que siguen “los vientos” políticos, “las persecuciones indebidas y las detenciones arbitrarias”.
Por ahora, se sabe que el interés del Gobierno pasa por fusionar los jueces penales en la Capital para que investiguen delitos cometidos por funcionarios en la administración pública para que las causas dejen estar en manos de los doce integrantes de Comodoro Py, y pase a “más de medio centenar de magistrados”.
Es que en solo en Capital Federal hay 12 juzgados de instrucción en Comodoro Py y otros 11 en el fuero Penal económico, mientas que hay 63 juzgados de instrucción para los delitos penales comunes y siete juzgados de menores.
1 comentario
siiiiiiiii en europa mas preciso en españa los politicos y jueses ganan a mitad de lo que ganan en argentina.