El campo organiza cortar las rutas para repetir la 125 y debilitar al presidente por Vicentin

Desde que el presidente Alberto Fernández anunció la expropiación de la empresa cerealera Vicentin, un grupo de productores rurales de distintos puntos del interior del país se organizó a través de las redes sociales para manifestarse en contra de la decisión del gobierno. Así, lo que comenzó como un intercambio de opiniones se terminó transformando en una serie de movilizaciones que se iniciaron en la ciudad santafecina de Avellaneda, cuna de la empresa, y luego se extendieron a otras ciudades, como Ceres, o Marcos Juárez, en la provincia de Córdoba y Saliqueló, en la provincia de Buenos Aires, con la clara intención de revivir lo que ocurrió con la resolución 125.

Enarbolando la bandera argentina y con consignas como “Defendamos lo nuestro”, “Defendamos la República” y “No a la intervención y expropiación de nuestras empresas”, los productores rurales intentan implantar la idea de que estamos frente a un gobierno “populista” que llegó para robar nuestros bienes, especialmente, los del campo y convencer a la gente de que la expropiación de Vicentin es un acto totalmente ilegal en contra de la propiedad privada. De este modo, los grupos rurales ansían lograr el apoyo de la gente de todo el país y, así, resucitar el espíritu que consiguieron en 2008, cuando a las protestas por la 125, en las que denunciaban el atropello de un gobierno que, según ellos, pretendía quedarse con sus ganancias, por el aumento las retenciones, se sumaron las de una multitud de porteños “solidarios”, muchos de ellos sin saber muy bien qué es lo que estaban defendiendo, que se congregaron en la Plaza de Mayo con sus cacerolas para rechazar “la embestida” de Cristina Fernández de Kirchner. Obviamente, esto les dio más poder, por eso quieren repetir el éxito.

Sin embargo, sus pretensiones no parecen imposibles, si vemos que, en estos días, un puñado de personas de la ciudad de Buenos Aires salió a protestar en sus balcones, y también en la calle, en contra de la expropiación de Vicentin, a la que ven como una víctima del gobierno de Fernández, con Cristina empujando por detrás.

Ahora, a doce años de ese hecho histórico que instaló la pelea entre el Gobierno y el campo y que dividió al país, los productores rurales junto con vecinos del distrito de Avellaneda, en la provincia de Santa Fe, se movilizaron desde la sede de la empresa cerealera hasta los Tribunales de Reconquista, para mostrar su desacuerdo con la intervención que dispuso el presidente Alberto Fernández y su consecuente expropiación y ya están trabajando para conseguir los votos que le impidan aprobar el proyecto en el Congreso, en particular, en la Cámara de Diputados, que es el único lugar en el que podrían ganar, dado que en el Senado pierden por goleada. La Mesa de Enlace de Córdoba ya reunió a sus legisladores y lo mismo está sucediendo con las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y Buenos Aires.

No debemos olvidar que, en febrero de este año, antes de que se desatara la pandemia, impulsados por Juntos por el Cambio, un campo encolerizado, también se había movilizado, cortando rutas y caminos para rechazar el aumento en un 3% de las retenciones a la soja para los derechos de exportación, propuesto por el Gobierno con la intención de acrecentar la recaudación y repartirla mejor entre los sectores más necesitados.

Pero, por qué oponerse a un proyecto que busca salvar a una empresa que está al borde de la quiebra, que intenta preservar los puestos de trabajo, asegurar el pago de los productores que quedaron sin cobrar por cesación de pagos y, sobre todo, impedir que caiga en manos extranjeras.

Está claro que los productores rurales, con la excusa de defender a Vicentin, un conglomerado industrial con una fuerte inclinación a la exportación y con un gran desarrollo en varias provincias, se encolumnaron detrás de las protestas que repudian el proyecto de expropiación porque, en realidad, buscan no verse perjudicados, ya que cuando la mega empresa quede, por fin, en manos del Estado, este podrá intervenir, de alguna manera, en el mercado agroexportador, en los precios de los alimentos y en el valor del dólar, algo que, obviamente, preocupa a los grandes especuladores del campo que quieren vender sus cosechas a un dólar más alto y, así, beneficiarse con las máximas ganancias. En definitiva, desean evitar, por todos los medios, que un gobierno que llegó para distribuir mejor las riquezas y favorecer a millones de argentinos les cambie las reglas del juego al que ya están acostumbrados.