El gobierno de Axel Kicillof resolvió ayer eliminar la Dirección de Inteligencia del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) con el objetivo de “transparentar y democratizar” la actuación del organismo que depende del Ministerio de Justicia bonaerense.
La decisión fue adoptada en las últimas horas y “está en línea con la misma medida que se adoptó en el Servicio Penitenciario Federal” tras los últimos acontecimientos públicos sobre los episodios de inteligencia sobre personajes públicos y presos conocidos años atrás. En el caso del Servicio Penitenciario bonaerense, las autoridades detectaron una instalación para realizar escuchas ilegales en la alcaidía penitenciaria N° 3 de Melchor Romero.
“La función del Servicio Penitenciario es alojar y garantizar la seguridad de la población carcelaria y realizar todas las tareas relacionadas con la rehabilitación y reinserción de los internos en la sociedad”, explicaron desde la cartera que dirige el ministro Julio Alak. “La función de inteligencia es muy importante y la tienen que llevar a cabo las agencias encargadas para no bastardear una función tan relevante. Justamente los servicios penitenciarios no son los encargados de realizar esto”, agregaron.
La interventora de la AFI, Cristina Caamaño, presentó días atrás una denuncia por “producción de inteligencia ilegal” durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri en perjuicio de unas 500 personas, entre ellos políticos, referentes de organizaciones sociales, académicos, empresarios y miembros de diversos organismos de la sociedad civil, además de unos 400 periodistas.
Además, la flamante interventora interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF), la ex camarista María Laura Garrigós de Rébori, explicó que se dedicará especialmente a analizar la actuación del servicio de inteligencia de su organismo, tras hacerse pública la investigación que lleva adelante el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena.