El juez de la Cámara Federal de Apelaciones del Trabajo, Luis Raffaghelli, afirmó que fue denunciado y acusado de mafioso durante el gobierno de Mauricio Macri por no ceder ante los “aprietes” para que dejara de emitir fallos contrarios a la legislación laboral que proponía Cambiemos y que beneficiaban a los trabajadores.
El juez explicó que las denuncias por estos hechos ya habían sido efectuadas en 2016 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que ahora, las ratificó en un escrito que le presentó al fiscal federal Ramiro González a efecto de responder las preguntas formuladas en el marco de la investigación que se lleva a cabo sobre las presiones del macrismo a los jueces y que comenzó con la denuncia de la jueza de la Cámara Federal de Casación, Ana María Figueroa, luego de sus declaraciones en la AM750.
Raffaghelli aseveró que el propio Macri lo acusó de ser mafioso y que el exministro de Trabajo, Jorge Triaca, en una supuesta visita protocolar, se presentó en la Cámara Laboral junto con un cuerpo de delegados con el objeto de convencerlos de que sería bueno “consensuar los fallos” para evitar que fueran contrarios a lo que proponía la legislación laboral macrista que, por otra parte, promovía los despidos y atentaba contra los derechos laborales. Obviamente, ante tal sugerencia, el juez y los otros camaristas se negaron, lo que posteriormente derivó en una embestida contra la justicia laboral que incluyó denuncias infundadas a seis jueces y juezas que fueron rechazadas por el Consejo de la Magistratura de la Nación. Asimismo, aclaró que él no fue apretado, sino que mucho peor, fue “denunciado por no dejarme apretar y no dejarme presionar y, sacar resoluciones que fueron incómodas para el gobierno”.
Así, mencionó cómo los jueces fueron hostigados y denunciados por dictar fallos a favor de los trabajadores en casos como la reincorporación de los despedidos de la Agencia Estatal Télam o los de Pepsico, por obligar a que se trataran las paritarias de la Asociación Bancaria y de los gremios docentes, por el despido de los trabajadores del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) o el caso en el que se anuló un convenio firmado entre el Ministerio de Trabajo y la empresa de comida rápida McDonalds, porque atentaba contra los derechos de jóvenes trabajadores en situación de vulnerabilidad.