Bastó que Alberto Fernández confirmara que en los próximos días presentará el proyecto de reforma judicial -cumpliendo así con una de sus promesas de campaña-, para que desde el macrismo y los medios hegemónicos empezaran a desplegar una brutal ofensiva contra esa iniciativa, con la ya conocida característica de tergiversar burdamente los lineamientos de esos cambios que se hacen más que nunca imprescindibles, para transmitir la idea de que en realidad lo que busca el Gobierno es la impunidad de Cristina Kirchner y de cualquier funcionario que haya integrado los equipos de sus anteriores gestiones.
Tal vez el más inescrupuloso a la hora de deformar la realidad sea el columnista estrella del diario La Nación, Joaquín Morales Solá, quien viene profundizando una feroz campaña contra cualquier atisbo de transformación de una justicia tan desprestigiada como la que rige en nuestro país.
Y con esa obsesión que lo caracteriza, lanza todos sus dardos contra la figura de la actual vicepresidenta, con el claro objetivo de que sus lectores sigan acumulando odio y desprecio hacia la actual administración, más allá de los ocultamientos y falsedades que contienen sus notas, pero que asombrosamente resultan creíbles para ese auditorio al que le gusta que le mientan…
Demás está decir que otro tanto ocurre con Clarín y todos sus medios, empezando por TN y radio Mitre, a los que se suman Infobae y los canales América y A24. En otras palabras, estamos asistiendo a una permanente acción muy bien armada, que se basa en convencer que la reforma judicial en cuestión no es más que una excusa para lograr “la impunidad de los corruptos kirchneristas”.
La intención es cambiar el eje y acusar al Gobierno de pretender sacar jueces de algunos tribunales estratégicos. Esto es porque el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz, hizo una presentación en la que pide revisar el sistema de “traslados” por el cual jueces y juezas fueron nombrados durante el gobierno de Macri sin acuerdo del Senado en cargos con otras competencias y/o en otras jurisdicciones para los cuales no concursaron.
En esa línea, Alberto Lugones, camarista de San Martín y presidente del Consejo de la Magistratura, sostuvo que “el traslado no es la manera correcta de designar jueces y hay muchos que entraron por la ventana sin cumplir el acto complejo al que obliga la Constitución para tener estabilidad en el cargo. No es que se quiere desplazar a jueces independientes, acá hay un vicio de origen. Hay que preguntarse, en todo caso, por qué el Gobierno anterior no les pidió el acuerdo”.
Y como si fuera poco, esta burda campaña busca apañar al mismo tiempo a cuestionadas figuras del macrismo, que ahora son presentadas como pobres e inocentes víctimas, perseguidas por “la Justicia K”, echando un alevoso manto de olvido sobre cómo se manejó el Poder Judicial en tiempos de Mauricio Macri.
El ex presidente lo dijo con todas las letras cuando asumió en diciembre de 2015: “No habrá justicia macrista”. Sin embargo, el mismo Macri, un año y medio después, en una arenga que tenía más de amenaza que de advertencia, enfatizó: “Los jueces tienen que saber que buscamos la verdad, o buscaremos otros jueces que nos representen”.
Demás está decir que el macrismo siempre fue consciente del control que podía ejercer sobre el Poder Judicial. Por eso, no fue casual que dos de las primeras acciones de Cambiemos fueron copar el Consejo de la Magistratura, y el tratar de incorporar por decreto a dos jueces en la Corte. En algún momento, la jueza María Servini de Cubría aseguró que en 40 años de Poder Judicial nunca había sufrido tantas presiones como con aquel gobierno.
La avanzada del oficialismo sobre la Justicia a lo largo de los 4 años del macrismo, tuvo varios capítulos, que se sumaron a las permanentes operaciones que finalmente lograron desplazar a la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó.