Aparecieron nuevas pruebas que confirman el espionaje ilegal llevado a cabo por la Agencia Federal de Inteligencia y el Servicio Penitenciario durante el gobierno de Mauricio Macri en el Penal de Ezeiza. Fueron presentadas por el abogado del expresidente Amado Boudou, Alejandro Rúa, para ampliar la denuncia que había realizado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Independencia de Abogados y Magistrados, en el marco del espionaje a detenidos durante el gobierno anterior.
La evidencia que presentó el abogado ante el relator del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Diego García Sayán, consiste en unas imágenes que retratan a los detenidos en distintos lugares del Penal de Ezeiza. Las fotografías que se adjuntaron como pruebas surgieron a partir del seguimiento que había ordenado el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villenas, para investigar al denominado “Rey de la Efedrina”, Marco Segovia, en la causa judicial que llevaba por narcotráfico.
En ese contexto, Villenas había ordenado que se instalaran dispositivos para filmar y fotografiar a Segovia en tres pabellones del módulo 6 del Penal de Ezeiza, de quién sospechaba que continuaba realizando actividades relacionadas con el narcotráfico y planeaba una supuesta fuga y, además, que se intervinieran los nueve teléfonos públicos que, también, eran usados por otros presos para comunicarse con familiares o abogados. Sin embargo, a pesar de que esto es una acción que se encuadra dentro de lo legal, esas conversaciones, que se difundieron a través de los medios, más tarde fueron consideradas ilegales por violación del derecho a la intimidad.
Por su parte, la AFI y el Sistema Penitenciario, con la excusa de investigar a narcos, habrían aprovechado la tecnología instalada para realizar un espionaje ilegal sobre detenidos k, políticos y empresarios que, casualmente, compartían el pabellón con narcotraficantes, dentro del programa “Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad”, que creó el gobierno de Mauricio Macri a través del Ministerio de Justicia.
Las fotografías que se adjuntaron a la denuncia presentada por el abogado Alejandro Rúa ante el Consejo de la ONU por el espionaje a detenidos muestran distintos momentos, uno en el que Segovia se encuentra escribiendo una carta, otra en la que, a partir de un acercamiento se pude visibilizar lo que está escribiendo y una tercera que refleja a varios detenidos compartiendo un rato en un comedor.
Rúa solicitó que “se reclame al Estado argentino toda la información necesaria” y se destruyan “los registros de las comunicaciones amparadas por la confidencialidad”. Además, pidió al juez Juan Pablo Augé, quien lleva ahora la causa por el espionaje ilegal de la AFI en la era macrista, luego que lo apartaran a Federico Villena, que le permita el acceso a todas las actuaciones de ese expediente que se relacionen con los seguimientos dentro del penal, porque considera que el expresidente, Amado Boudou, el exsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta y el exintendente de la ciudad de Itatí, Natividad Terán, a los que representa legalmente, fueron víctimas del espionaje por parte de una “organización criminal enquistada en el Estado”.
En paralelo con estos hechos, la fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona que investiga el espionaje ilegal realizado por la AFI rechazó una recusación en su contra para que la apartaran de la causa y seguirá al frente de la investigación.
La presentación había sido hecha por la exsubdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia Silvia Majdalani,una de las principales imputadas por el espionaje ilegal a Cristina Fernández de Kirchner, dado que busca trasladar el expediente a Comodoro Py, donde espera que la defensa que tiene preparada le sirva para ser sobreseída.