Bastó que días atrás Alberto Fernández confirmara que presentará el proyecto de reforma judicial -cumpliendo así con una de sus promesas de campaña-, para que desde el macrismo y los medios hegemónicos empezaran a desplegar una brutal ofensiva contra esa iniciativa, con la ya conocida característica de tergiversar burdamente los lineamientos de esos cambios que se hacen más que nunca imprescindibles, para transmitir la idea de que en realidad lo que busca el Gobierno es la impunidad de Cristina Kirchner y de cualquier funcionario que haya formado parte de los equipos de sus anteriores gestiones.
Con estos persistentes ataques, queda claro que el objetivo es cambiar el eje y acusar al Gobierno de pretender sacar jueces de algunos tribunales estratégicos. Esto es porque el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz, hizo una presentación en la que pide revisar el sistema de “traslados” por el cual jueces y juezas fueron nombrados durante el gobierno de Mauricio Macri sin acuerdo del Senado, en cargos con otras competencias y/o en otras jurisdicciones para los cuales no concursaron.
A pesar de esa brutal embestida, el presidente ya definió los nombres de los integrantes del consejo asesor de expertos a quienes encomendará el diseño de propuestas para reformar (y tal vez ampliar) la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y para implementar el sistema acusatorio para el sistema penal y el juicio por jurados a nivel nacional.
Fernández ya se comunicó con los elegidos, que son 11, y los convocó para hacer una presentación oficial esta tarde a a las 16. Todo indica que los presentará junto con el proyecto de reforma judicial que enviará al Congreso, que apunta a una reestructuración profunda y extendida de la justicia federal. La comisión tendrá un plazo de 90 días para presentar propuestas, y el objetivo es que se puedan transformar en proyectos de ley.
Según precisa la periodista Irina Hauser en Página/12, en el grupo de juristas aparecen el penalista y profesor Alberto Beraldi, abogado de Cristina Kirchner; la jueza del Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires, Inés Weinberg de Roca, que fue la candidata que el ex presidente Mauricio Macri había postulado para estar al frente de la Procuración General. También estará, desde España, donde vive, el profesor de derecho penal Enrique Bacigalupo.
Asimismo, fueron convocados los constitucionalistas Andrés Gil Domínguez y Gustavo Ferreyra, el penalista, ex ministro y ex camarista del Juicio a las Juntas León Arslanian, la jurista Marisa Herrera, especialita en derecho de familia, y tres juezas: Hilda Kogan, de la Corte bonaerense, Claudia Sbdar, de la Corte tucumana, y María del Carmen Battaini, del superior tribunal de Tierra del Fuego y presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales (JuFeJus). El equipo se completará con un miembro de la Corte mendocina, Omar Palermo.
El paquete de la reforma judicial (de los tribunales federales, dónde habrá fusión de fueros y multiplicación de juzgados, entre otras cosas), sumado al trabajo que se encomendará a la comisión de juristas, pone a la vista un plan ambicioso en materia judicial por parte del Gobierno. La propuesta que se enviará pronto, y que entraría por el Senado, es la que apunta a toda una restructuración de juzgados federales de distintas competencias, aunque todas las miradas están puestas en el fuero penal, que es el más político, donde se unirán los juzgados de Comodoro Py (12), diluyendo su histórico podería, con los de penal económico (que son 11) y a la vez desdoblarán, lo que generará un total de 46 juzgados. También se fusionarán las cámaras.
El trabajo del grupo de expertos tendrá sus primeras conclusiones en tres meses y analizarán temas sujetos a históricas controversias:
– La integración y el funcionamiento de la Corte Suprema. Hoy el alto tribunal tiene cinco miembros. Un sector de la comunidad jurídica alienta la ampliación del número de sus integrantes, y su división en salas, cada una con una especialidad (por ejemplo penal, derecho público, derecho privado). Es una propuesta con posibilidades de crecer. También analizarán los asesores el funcionamiento y los alcances del recurso extraordinario ante la Corte, los criterios de admisibilidad y los tiempos de resolución.
– El funcionamiento e integración del Consejo de la Magistratura, organismo que elige y sanciona a los jueces. Hoy tiene 13 miembros, de acuerdo a la última reforma, del año 2006, que todavía tiene un fallo pendiente en la Corte. Se le suele recriminar falta de eficacia y estar signado por manejos políticos. El Consejo tendrá un papel clave ante la futura multiplicación de cargos de jueces y juezas que traería la reforma judicial. También será el tema que promete suscitar más discusiones entre los juristas.
– Sistema acusatorio: el nuevo sistema procesal ya está aprobado por ley pero no se ha implementado; es el que da protagonismo a los fiscales en los procesos penales y que otorga a los jueces papeles de garantes, por lo que dejarían de revisar lo que ellos mismos hacen. El proceso va camino a ser casi completamente oral y tener tiempos más cortos. De esto se ocupará también la comisión, mientras debería avanzar, además, la designación de un/a titular de la Procuración, para lo que fue postulado Daniel Rafecas.
– Juicio por jurados. Los jurados integrados por ciudadanos comunes ya funcionan en varias provincias para los delitos más graves, como los homicidios. Suelen estar integrados por 12 personas, que se sortean del padrón electoral con ciertos requisitos, que pueden declarar a un acusado “culpable” o “no culpable”. Es un sistema que está establecido en la Constitución Nacional pero nunca se implementó de manera federal. La idea es que la comisión proponga cómo hacerlo.
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