El procurador general de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte Grand, es uno de los 120 funcionarios macristas que tenía en su poder un teléfono encriptado entregado por la Agencia Federal de Inteligencia de Mauricio Macri y Gustavo Arribas para comunicarse de manera secreta, sin que sus llamados pudieran ser detectados.
En la extensa lista que descubrió la intervención a la AFI, y que fue publicada por Página 12, figuran el empresario amigo y viejo socio del ex presidente Nicolás Caputo, el consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba, el abogado del ex presidente, Alejandro Pérez Chada, el ex jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ex presidente de Boca y operador judicial Daniel Angelici.
También tenían teléfonos blindados la mayoría de los integrantes de la llamada “mesa judicial”, casi todo el gabinete, y la ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, así como la ex gobernadora María Eugenia Vidal y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
El dato de los teléfonos encriptados surgió durante el testimonio del ex jefe de contrainteligencia, Martín Coste, en la causa que investiga el presunto espionaje ilegal del gobierno de Cambiemos. Se trata de teléfonos Nexus, Marca Huawi, que fueorn comprados en EE.UU: por la AFI y encriptados por pedido de las autoridades macristas. No sólo se entregaron a funcionarios, sino también a amigos y operadores del gobierno y, peor aún, algunos ni siquiera los devolvieron.
Conte Grand fue denunciado por armar causas contra opositores durante el gobierno de Vidal a través de una unidad fiscal especial montada en Lomas de Zamora. La presentación fue realizada por el fiscal general departamental de los tribunales de Lomas de Zamora, Enrique Ferrari.
Según la presentación de Ferrari, desde esa unidad que armó Conte Grand “se habrían iniciado investigaciones con objetos de inclinarlas a sus intereses políticos y/o generando IPP con el fin de perseguir a políticos, sindicalistas, magistrados y funcionarios, (doctrina de “Lawfare”), entre otros”.
El funcionario afirmó en el escrito, que en la presunta maniobra “han participado funcionarios de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) de manera cuanto menos irregular, en consonancia con lo denunciado por diferentes magistrados de Lomas de Zamora”, dice en referencia a Luis Carzoglio y Gabriel Vitale. También aclaró que disolvió esa unidad armada por Conte Grand el 26 de febrero pasado y distribuyó las investigaciones “entre los fiscales naturales que les hubiera correspondido llevar adelante tales pesquisas”.
La denuncia no le salió gratuita a Ferrari ya que fue el propio COnte Grand quien redobló la apuesta y pidió que sea llevado a juicio político. La Suprema Corte de Justicia analizó la presentación y le otorgó al fiscal una licencia por 90 días.
La principal acusación que pesa sobre Ferrari es la de haber disuelto repentinamente la Unidad para Delitos Complejos y Crimen Organizado de Lomas de Zamora. En esa unidad se llevaban adelante causas contra los barrabravas de Independiente, en donde se apuntaba al camionero Pablo Moyano. Cabe recordar que fue el propio Conte Grand quien también promovió un juicio político contra el juez Luis Carzoglio por haberse negado a detener al dirigente de Camioneros en esa causa, pese al lobby feroz del macrismo.