La llamada “Operación Puf” es un ejemplo cabal sobre algo que durante el gobierno de Mauricio Macri fue moneda corriente: la persecución judicial contra referentes del kirchnerismo, en el que articularon su accionar -a través de burdas operetas- los servicios de inteligencia, comunicadores ultramacristas como Jorge Lanata y Luis Majul, además de jueces y fiscales del Lawfare, como el fallecido Claudio Bonadio y el procesado fiscal Carlos Stornelli.
Precisamente, una serie de documentos judiciales revelan cómo se armó la maniobra mediático-judicial para “blanquear” las escuchas ilegales que alimentaron la causa.
Según revela hoy Franco Mizrahi en “El Destape”, el fiscal Carlos Stornelli, principal impulsor del caso junto a Elisa Carrió, buscó la “legitimación judicial” de las escuchas ilegales luego de que se difundieran en los programas televisivos de Luis Majul y Jorge Lanata. En un escrito que presentó ante el difunto juez Claudio Bonadio el 27 de mayo de 2019, es decir, al día siguiente de la “filtración” en los medios, dijo que “la aparición de las escuchas legales (sic) demuestran la operación que se pretendió llevar a cabo”.
En la causa de los “Super Mario Bros” que tramita actualmente en Lomas de Zamora se comprobó que las escuchas que se utilizaron en Puf fueron ilegales, las tenía la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y luego llegaron las transcripciones a manos de Stornelli y Carrió.
La Operación Puf fue cerrada por “inexistencia de delito” en primera instancia, pero fue apelada a fines de septiembre pasado por Stornelli. Hizo lo propio el juez y abogado Juan Ramos Padilla, quien exige un sobreseimiento y no un archivo del caso además de que se investigue a todos los involucrados en la maniobra que buscó perjudicarlo. La Cámara Federal porteña debe resolver los planteos. Junto al camarista Mariano Llorens podrían intervenir los recientemente repuestos Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Mientras tanto, este martes habrá una audiencia clave.
La columna vertebral de la Operación Puf fueron las escuchas ilegales que la AFI macrista, en complicidad con el Servicio Penitenciario Federal, realizó en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, circunstancia que en la actualidad se investiga en la causa de los “Super Mario Bros” que tramita en Lomas de Zamora.
La excusa para escuchar a los dirigentes políticos detenidos fue un expediente contra el narco Mario Segovia, en la que se intervinieron los teléfonos del penal. Una parte de esas escuchas se transcribieron y llegaron a las manos de Stornelli y Carrió, quienes las llevaron a Comodoro Py para abrir una “contracausa” del D’Alessiogate, en febrero de 2019. Cuando el fiscal y la cofundadora de Cambiemos se presentaron en la Justicia dijeron que la fuente era un anónimo. El caso lo terminó instruyendo el difunto Claudio Bonadio.
Tal como se desprende de los documentos de la Operación Puf, Bonadio se hizo con las escuchas del penal luego de un ida y vuelta con la AFI, la Dajudeco (la dirección encargada de hacer las interceptaciones telefónicas que está bajo la órbita de la Corte) y la justicia de Lomas de Zamora, que es la que tiene jurisdicción sobre la cárcel de Ezeiza. Llegaron más de 40 cd’s al juzgado federal Nº 11 a cargo de Bonadio, quien ordenó a la AFI que los desgrabe. Pero, evidentemente, dada su ilegalidad existían ciertos reparos sobre la utilización de esas escuchas. En ese contexto, las interceptaciones se reprodujeron por televisión, en los programas de Luis Majul y de Jorge Lanata, el 26 de mayo de 2019. No fue azaroso.
Al día siguiente de la difusión de los audios, Stornelli –vía su primer abogado, Roberto Ribas- se presentó en Operación Puf para ampliar la querella y acercó en un cd con las escuchas que se filtraron por los medios amigos del macrismo. Dijo que tenía razón en no concurrir al juzgado de Dolores (en aquel momento se resistía a ir al juzgado a cargo de Alejo Ramos Padilla) y que notaba “una suerte de indudable tinte persecutorio”. “Nuestro pensamiento ha sido confirmado por una reciente información periodística en los programas de los Sres Jorge Lanata y Luis Majul”, señaló, en pos de legitimar los audios ilegales. Estaba haciendo mención a los programas La Cornisa y PPT en los que “se difundieron escuchas de los detenidos, tales como Roberto Baratta y Juan Pablo Schiavi”.
Según Stornelli, las conversaciones hacían referencia a “la supuesta complacencia del Juez federal de Dolores (en) el armado de una estrategia para perjudicar la figura de mi asistido” y “menoscabar la causa denominada ‘de los Cuadernos’”. Ese supuesto “armado” es el caso D’Alessio, que está a cargo del juez Alejo Ramos Padilla y en el que Stornelli fue procesado por sus vinculaciones con una banda paraestatal dedicada al espionaje clandestino.
“La verdad siempre triunfa. La aparición de las escuchas legales (sic) demuestran la operación que se pretendió llevar a cabo y en realidad tuvo algún éxito, pero finalmente se acabó el ‘puf puf’”, cerró el representante letrado del fiscal, para luego pedir una serie de indagatorias.
Tres la filtración en los programas de Lanata y Majul, el 29 de mayo del año pasado, la fiscal Alejandra Mangano le solicitó a Bonadio que le envíe “las transcripciones de las comunicaciones” que había ordenado y que le estaba pidiendo hacía 9 días. El juez de la causa Puf y Cuadernos autorizó el envío en esa misma jornada porque no estaban “siendo estudiadas” en su juzgado en ese momento.
Ante el escándalo de la difusión de las conversaciones de las personas detenidas y su utilización por parte de Stornelli, Magnano se vio obligada a emitir su posición. En un dictamen del 4 de junio de 2019, la fiscal buscó dejar asentado que su primer contacto con las escuchas fue tras la filtración. Y solicitó medidas de “resguardo de información”. Si bien avaló parte de la pesquisa, en aquel escrito de hace un año y medio ya se vislumbraba la ilegalidad de las escuchas que se estaban utilizando.